Condenaron a perpetua a los exjueces Romano, Miret, Petra y Carrizo por crímenes de lesa humanidad

Miret (de lentes oscuros), Carrizo y en la segunda fila Otilio Romano, en una de las primeras audiencias del IV Megajuicio por crímenes de lesa humanidad.

Después de 3 años y 5 meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal n°1 de Mendoza condenó a penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, al ex fiscal federal Otilio Romano y al ex defensor público oficial Guillermo Petra Recabarren, al considerarlos partícipes primarios -según los casos- de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de Genocidio.

El tribunal hizo lugar a los doce pedidos de prisión perpetua formulados por la Fiscalía, con lo cual, además de los exmagistrados, el TOF impuso la pena máxima para Alcides Paris Francisca, Luis Alberto Rodríguez, Osvaldo Armando Fernández, Pablo Gutiérrez, Miguel Ángel Tello, Paulino Enrique Furió, Carlos Horacio Tragant y José Antonio Fuertes. Las condenas menores fueron para los penitenciarios y policías que revistaban en las comisarías departamentales, de los cuales, tres fueron absueltos.

Las penas impuestas a los magistrados coincidieron así con las que habían sido requeridas por los fiscales Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante durante los cinco meses de exposición de los alegatos, instancia en que describieron integralmente el aparato estatal represivo desplegado en la provincia, desde las autoridades militares hasta la actuación de los magistrados.

El debate oral y público comenzó en febrero de 2014, y abordó crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de Mendoza en los que actuaron ex militares, ex policías, ex penitenciarios y ex magistrados -jueces, defensores y fiscales- del fuero federal de esa jurisdicción perpetrados contra más de 200 víctimas.

“Este juicio dimensionó el terrorismo de Estado en toda su magnitud”

“Siempre hemos dicho que veníamos con una asignatura pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia, que tenía que ver con la complicidad civil, el empresariado, y eso formaba parte de una agenda que le faltaba ampliar el ámbito de investigación. Siempre sostuve, apelando a un filósofo, que cuando no se investiga un crimen en su totalidad queda el sabor amargo de la injusticia. En ese sentido, hay que pensar la importancia que tiene ampliar el ámbito de investigación hacia todos los sectores que formaron parte del plan criminal”, remarcó tras la sentencia Jorge Auat, de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad.

Auat acompañó presencialmente a la Fiscalía en varias audiencias desde el inicio del debate el 17 de febrero de 2014 y, particularmente, durante las audiencias de alegatos que llevaron más de cinco meses el año pasado y las recientes réplicas y dúplicas. “Estamos hablando de una causa que tiene mucha historia y que quizá refleja con mayor claridad lo que fue el terrorismo de Estado, cómo operaba el Estado criminal”, enfatizó.

En tanto que el fiscal mendocino y también titular de la fiscalía de Distrito, Dante Vega, remarcó que el juicio fue importante porque “dimensiona el terrorismo de Estado en toda su magnitud y demuestra que no pudo ser posible ese fenómeno sin la complicidad del Poder Judicial”.

Y explicó la diferencia con otros debates similares celebrados en otros lugares del país: “El juicio de Mendoza se caracterizó en un comienzo, a diferencia de otros procesos en los que se juzgaron también magistrados y otros funcionarios de la justicia, por analizar un período extenso de diez años, que va de 1975 a 1985. En los otros procesos fueron por hechos puntuales. Aquí se analizaba penalmente una trayectoria de los imputados. Y se analizaba también, desde el punto de vista institucional, un período pre dictatorial y otro dictatorial atravesado por el terrorismo de Estado”.

En su alegato, el fiscal había definido la actuación de los magistrados como “el círculo de la impunidad”. Indicó entonces que las noticias de los crímenes del terrorismo de Estado llegaron a los ex funcionarios judiciales por tres vías:los habeas corpus, los sumarios policiales iniciados por las denuncias de los familiares o las propias víctimas y las denuncias por torturas y otros delitos sufridos en manos de la policía formuladas por las propias víctimas en sede judicial al recibírseles declaración indagatoria.

Pese a ello, “nunca un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad resultó siquiera indagado por estos delitos”, acusó. En el transcurso del debate, además, se acreditó que Miret había visitado el centro clandestino de detención que funcionó en una barraca de la Compañía de Comando y Servicios de la VIII Brigada de Montaña, donde le habló al beneficiario -desaparecido, entonces- de un habeas corpus.

La lectura de la sentencia de la Megacausa convocó a cientos de mendocinos en las afueras del TOF. Foto: juiciosmendoza.blogspot

A continuación, las penas contenidas en el veredicto del Tribunal Oral Federal n°1 de Mendoza:

– Luis Miret, ex juez federal: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Rolando Carrizo, ex juez federal: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Otilio Romano, ex fiscal federal: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Guillermo Petra Recabarren, ex defensor oficial -imputado por su actuación como juez subrogante en diversos casos, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Alcides Paris Francisca, ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de Mendoza: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Paulino Enrique Furió, ex jefe de Operaciones y de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Pablo José Gutiérrez Araya, ex cabo del Departamento de Investigaciones (D2): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Armando Osvaldo Fernández, ex oficial del D2: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– José Antonio Fuertes Fernández, ex sub-oficial mayor del Ejército: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Luis Alberto Rodríguez, ex subcomisario del D2: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Miguel Angel Tello Amaya, ex agente del D2: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Carlos Tragant Garay, ex coronel, director del Liceo Militar General Espejo: prisión perptua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Rubén Camargo, ex subinspector de la comisaría de la seccional 16°: 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Dardo Migno, ex jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8: 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Julio Lapaz, ex agente del D2: 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Ramón Puebla, ex jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8: 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Marcelo Moroy, ex cabo del D2: 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Diego Fernando Morales, ex sargento del D2: 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Mario Laporta, ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de Mendoza: 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Ricardo Benjamín Miranda, ex segundo jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial: 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Armando Hipólito Guevara, ex subcomisario a cargo de la seccional 13°: 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Pedro Modesto Linares, ex agente penitenciario: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

-Oscar Alberto Bianchi, ex agente penitenciario: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Antonio Garro, ex oficial sub-ayudante de la comisaría 7ma: 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.

-José Antonio Lorenzo, ex oficial sub-ayudante de la comisaría 7ma: 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Fueron absueltos Juan Carlos Ponce Ochoa (ex subcomisario de la seccional 16°), Miguel Angel Ponce (chofer en la comisaría de la seccional 16°) y Héctor Camargo Granda (ex subinspector en la comisaría de la seccional 16°).

María Assof de Domínguez y Agustina Elcira Corvalán de Vera, Madres de Plaza de Mayo en Mendoza.

Fuentes: Archivo EXPLÍCITO Juicios de Lesa Humanidad

Fiscales.gov.ar/juiciosmendoza.blogspot.com