El juicio a jueces retoma con las testimoniales del dirigente montonero Guillermo Martínez Agüero y Oscar Guidone

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El cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mendoza continúa en los tribunales federales con la recepción de nuevos testimonios. Para este lunes se esperan las declaraciones de Guillermo Martínez Agüero (cuñado de Mario Firmenich, que está casado con su hermana, María Elpidia) y Oscar Guidone.

En torno a estas dos personas gira el nombre de Ennrique Blas Gómez Saá, quien formó parte de la División de Inteligencia -G2- de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, de la sub zona 33, del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Fue reconocido por varios testigos como integrante del aparato ilegal; incluso su propio jefe Orlando Dopazo, en una declaración informativa aportada en 1986, lo señala como miembro de inteligencia bajo sus órdenes con el puesto de Oficial Jefe Auxiliar.

El militar se encontraba en plenas funciones cuando el 8 de agosto de 1976 fueron detenidos Roberto Vélez y Martín Lecea (fallecido), por esos días miembros del Partido Comunista; trasladados a la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8, sus domicilio fueron allanados y soportaron variadas formas de torturas

Dos meses antes, el 2 de junio, había sido detenido Oscar Martín Guidone, también alojado ilegalmente en la Compañía de Comunicaciones, sometido a tormentos, con el agravante que debido a los violentos golpes sufrió una lesión en el bazo por lo que fue operado de urgencia en el hospital Militar para luego de 20 días de convalecencia, regresar a la tortura.

La etapa testimonial que seguirá el miércoles 2 de julio tiene previstas las declaraciones de Liliana Butini, Roberto Marmolejo, Elio Verdejo, Nilo Torrejón, Orlando Flores y Pedro Coria.

Durante la audiencia realizada la semana pasada prestaron una extensa declaración Guido Actis y Haidée Fernández.

Actis brindó testimonio en el marco de la “Causa Rabanal”, que consistió en el secuestro de personas relacionadas entres si por su militancia política y gremial detenidas entre febrero y marzo de 1976 y sometidas a tortura en el ex centro clandestino de detención “D2”.

En su declaración, dio precisiones sobre la muerte de Miguel Ángel Gil, en el “D2”, asegurando que “les hacían formar una torre humana y debajo de todos agonizaba Gil.No me cabe duda de que lo mataron en ese lugar” afirmó.

Respecto de los ataques sexuales en esa dependencia, hizo memoria de la vejación contra una compañera y sostuvo que las violaciones eran generalizadas y sistemáticas.

El segundo testimonio fue el de la abogada Aidé Fernández, quien contó cómo pasó a defender presos políticos desde 1974 para luego caer presa pocos días antes del golpe militar.

Militantes de un sector del peronismo y de la izquierda fueron patrocinados por ella y por un grupo de abogados integrado por Alfredo Guevara, Fuad Toum, Conrado Gómez (desaparecido en la ESMA) y Rosendo Chávez, quienes terminaron siendo víctimas de la represión ilegal.

En su testimonio, la abogada contó que una hermana suya, un día después de la detención, habló con Otilio Romano, entonces fiscal, quien le dijo: “No la tenemos en las listas. No sabemos dónde está”.

También mencionó a los exjueces Rolando Carrizo y Luis Miret como parte del aparato judicial que aparentaba desconocer lo que sucedía. Y sostuvo que Carrizo “evidentemente, sabía lo que sucedía porque cuando le pedimos que no torturaran más al detenido José Basilio Sgroi porque se moría, lo dejaron de torturar”.

La singularidad de este debate es que además de investigarse a militares, policías y penitenciarios, están procesados los exmagistrados Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolado Carrizo, quienes se desempeñaron como fiscales y jueces durante la dictadura.

Estos últimos acusados como partícipes civiles de la represión ilegal aplicada en el plan sistemático de exterminio operado en nuestro país entre 1976 y 1983.

El tribunal número 1 está integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade que juzgan a 34 imputados (de los 41 iniciales, siete fueron desafectados) y se espera la declaración de más de 600 testigos.