Con el apoyo de los votos del FpV y el PJ, Alfredo Cornejo logró este martes aval legislativo para levantar una nueva cárcel en Mendoza endeudándose para ello en 90 millones de dólares. Sólo los dos senadores de la izquierda, Noelia Barbeito y Victor Dávila, votaron en contra de la iniciativa.
La iniciativa faculta al Gobierno a hacer uso del crédito por U$S 90.000.000 o su equivalente en otras monedas, para pagar la totalidad de los costos, gastos y demás accesorios que contemple la realización de la cárcel.
Informe Explícito: cárceles de Mendoza
Barbeito y Da Vila no acompañaron la norma y votaron en contra del proyecto. Entre los fundamentos, ambos legisladores explicaron que para ellos “las licitaciones de obras públicas son el gran negocio en este país y que la deuda por 90 millones de dólares será pagada por el pueblo”.
La ley -aprobada por 35 votos a favor y 2 negativos- recibió el aval del Senado en medio de reclamos de trabajadores estatales que ven en el proyecto oficial "intenciones de privatizar la obra pública”, como resumió el referente de SITEA, Federico Lorite, en Canal 9 el mediodía de este martes, en referencia con que el proyecto original fue impulsado por Obras Andinas, del grupo Álvarez.
Adrián Flamant, ingeniero dentro de la planta de empleados del estado, señaló a su turno en la tv que en el 2006 "cuando se proyectó la cárcel de Almafuerte se previó una ampliación de 4 pabellones, lo que podría tenerse en cuenta ahora para este nuevo proyecto” en lugar de recurrir a un privado.
Sobre la especie, Juan Agulles (PJ), solicitó que el Ejecutivo presente "un plan de inversión para la restructuración y refacción de los penales en la provincia, que se realizará con el 10% del total de la deuda destinada a la construcción de la nueva cárcel".