Este lunes el gobierno pampeano se presentará en la Corte Suprema de la Nación para pedirle que haga cumplir a Mendoza un caudal hídrico apto del Atuel para recomponer el ecosistema del oeste pampeano. En diciembre de 2017, la corte ordenó a las partes, además, "la necesidad de abordar el conflicto del Atuel desde una perspectiva de unidad -como una cuenca hídrica- dado que los recursos naturales son interdependientes y deben ser cuidados de manera integrada", según se lee en el fallo publicado en el CIJ.
El plazo para lograr un acuerdo entre las pares venció el 16 de octubre. La Nación propuso una "inmediata" escorrentía inicial de 2,2 metros cúbicos por segundo para llegar luego a 3,2 metros cúbicos por segundo. Mendoza, en tanto, mantuvo su propuesta de 1,3 m3/s y un plan de obras que consiste -en una primera instancia- en la ejecución de 35 perforaciones y el revestimiento del tramo del Atuel entre Carmensa y Chuqero. La Nación aseguró el aporte de $700 millones del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
No obstante, según el borrador que publicó este domingo La Arena, para La Pampa estas propuestas son insuficientes para solucionar el conflicto. En el escrito que presentarán loas pampeanos, uno de los argumentos centrales será que La Pampa demostró con solvencia cuál es el “caudal hídrico apto” para recomponer el ecosistema del oeste pampeano, "algo que ni Mendoza ni Nación han cumplido", consigna el matutino.
El “Estudio para la determinación del caudal fluviecológico mínimo” que años atrás realizaron científicos de la Universidad Nacional de La Pampa señaló un escurrimiento de 4,5 metros cúbicos por segundo en el puente de los Vinchuqueros -ingreso del cauce a territorio pampeano- como el valor de base para lograr el mantenimiento del estado natural del río y su entorno.
“Por el contrario, Mendoza y el Estado Nacional han pretendido fijar un caudal mínimo, o un valor mínimo de referencia, respectivamente, basado en métodos hidrológicos, de aplicación empírica, realizado en escasos días en un caso, y en más de diez meses, en el otro; sujetándolo en ambas propuestas a la realización de obras, desoyendo la orden judicial contenida en el punto II de la sentencia”, dice el borrador que llevarán a la Corte.
“Dichos métodos, como ha quedado demostrado -continúa-, en nada tienen en cuenta la fijación de caudales de acuerdo a un régimen natural, motivo por el cual, se reitera, no resulta apto para los fines explicitados por la sentencia del 1 de diciembre (de 2017)”.
Archivo Explícito: la disputa por el Atuel
Lo fundamentarán en el “Estudio para la determinación del caudal fluviecológico mínimo” que años atrás realizaron científicos de la Universidad Nacional de La Pampa y que señaló un escurrimiento de 4,5 metros cúbicos por segundo en el puente de los Vinchuqueros -ingreso del cauce a territorio pampeano- como el valor de base para lograr el mantenimiento del estado natural del río y su entorno.
El plazo para que Mendoza cumpliera con lo que ordenó la corte venció el 16 de octubre y las partes no pudieron ponerse de acuerdo en los aspectos principales -caudal mínimo y obras estructurales y no estructurales- aunque las sucesivas reuniones permitieron acercar posiciones en otros aspectos vinculados al manejo del río.
"Pese a la trascendencia de esa resolución, las expectativas pampeanas no se han visto colmadas ante la constante reticencia de Mendoza y un comportamiento sinuoso de parte del gobierno nacional, que prefirió mantener un papel distante antes que el involucramiento que habían ordenado los jueces superiores", indica La Arena.
Según la presentación que harán este lunes, “resulta elocuente la extrema e imperiosa necesidad de urgente fijación de un caudal tendiente a recomponer el ecosistema en el noroeste pampeano, que ya no resiste más demoras, y ello ha sido demostrado en toda la actuación resumida en este informe y en los presentados anteriormente”.
La “frustrada negociación” entre las partes, que luego de 300 días no ha logrado acuerdos trascendentes, “ha generado una profunda desazón en las autoridades y pueblo de La Pampa”, que veían a esta etapa como “un inicio de reparación histórica con el noroeste de su territorio, ordenada por el Máximo Tribunal de la Nación, a través de lo que se entendió como una restitución del río robado, mediante el otorgamiento de un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema”.
La postura de Rosenkrantz
Al momento de ser emitida la sentencia en diciembre pasado, era presidente de la corte Ricardo Lorenzetti, quien después fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz. Este último votó el rechazo a las pretensiones de Mendoza de dar como "cosa juzgada" el conflicto con La Pampa por el Atuel.
La Corte rechazó que este conflicto fuese idéntico al que resolvió en 1987 entre las mismas provincias, y por ello denegó la excepción de cosa juzgada planteada por Mendoza, entre otras cosas, "porque con el paso de los años, el conflicto involucra ahora aspectos vinculados con la visión integral del ambiente como la que emana de la cláusula ambiental de nuestra Constitución a partir de la reforma de 1994", indica el fallo.
El ahora presidente de la Corte afirmó que "es inapropiado considerar el conflicto como relacionado con los derechos sobre las aguas del río Atuel, lo que sí sucedió en el caso anteriormente decidido por la Corte, y que este caso se trata de una problemática ambiental de mayor complejidad y alcance".
Sostuvo que "en el caso no se ha producido todavía prueba sobre las cuestiones de hecho alegadas por las partes por lo que es prematuro adoptar medidas que, para ser justas y eficaces, requieren mayor información sobre la naturaleza, extensión y causas de los daños ambientales invocados por la provincia de La Pampa"
No obstante, Rosenkrantz estimó que la oportunidad es propicia para "impulsar la búsqueda de un acuerdo entre las provincias de La Pampa y Mendoza que ponga fin al conflicto que las separa. Con tal propósito dispuso que las partes elaboren un plan que permita superar las diferencias vinculadas con la recomposición del ecosistema del noroeste de la provincia de La Pampa de acuerdo y en conjunto con el Estado Nacional".
