La defensa de los trabajadores municipales y gremialistas reprimidos y detenidos el 5 de julio en Capital cuando protestaban por sus salarios pidió que se declare inconstitucional el artículo del DNU presidencial que dispone el aislamiento porque remite a una figura penal y la nulidad de las acciones iniciadas.
"Someter a una causa penal a personas que estaban reclamando por un aumento salarial es un accionar de la política criminal del gobierno de la provincia que va en contra de los tratados internacionales de los derechos humanos", consideró Viviana Beigel, a cargo de la defensa de los reprimidos, en La Mosquitera.
La defensa impulsó primero que la causa pasara a la justicia federal, pero ante el rechazo de la jueza, hicieron dos pedidos: que se anulen las actuaciones y que se declare inconstitucional el artículo 4 del DNU de Alberto Fernández del 20 de marzo porque entienden que aborda una figura penal, que el Ejecutivo no está autorizado a ejercer. Dice el artículo:
ARTÍCULO 4º.- Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
Remarcó Beigel que "someter a una causa penal a personas que estaban reclamando por un aumento salarial es un accionar de la política criminal del gobierno de la provincia que va en contra de los tratados internacionales de los Derechos Humanos".
Agregó que "la comisión interamericana sacó una resolución en relación a la pandemia que señala que los estados tienen la obligación de velar por los más vulnerables, de garantizar acciones positivas para garantizar la alimentación y el trabajo de las personas que frente a la pandemia sufren más intensamente las consecuencias. En el caso que estamos tratando son personas que cobran salarios que oscilan entre los 9 mil y los 10 mil pesos, evidentemente con esos ingresos están en extrema vulnerabilidad".
La abogada recordó la distinta vara con la que han actuado las autoridades mendocinas en otras protestas, y ejemplificó con el banderazo opositor del 12 de octubre "donde no hubo ninguna detención ni procesamientos ni imputación".
Represión a la protesta
Ese día, con un operativo de gran despliegue, la policía desalojó la protesta de trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Capital, que se mantenía en la Peatonal con varios de ellos encadenados a un banco en protesta por sus salarios por debajo de la línea de indigencia. Se llevaron detenidos al secretario general del gremio de los maestros, Sebastián Henriquez, a Pablo Massutti, también del SUTE y del Frente de Unidad Estatal y a Roberto Macho (ATE).
Además, la policía se llevó a Angel Basile, periodista de La Mosquitera, quien cubría en el lugar los acontecimientos, y a una larga lista de municipales y vecinos.
El desalojo de la protesta y las detenciones fueron parte de una respuesta represiva del intendente Ulpiano Suarez al reclamo salarial de los trabajadores, que llevaban un mes de protesta en las calles reclamando que les aumenten su sueldo básico, de $10.300.
La UCR emitió un comunicado oficial respaldando el operativo represivo, y lo propio hizo la directora de Recursos Humanos de la Provincia, Luz Faingold. La CTERA en cambio, repudió lo ocurrido en la capital mendocina.
Una semana antes de ese operativo, pelotones de Infantería irrumpieron en sedes de la comuna donde los trabajadores realizaban retención de tareas. Detuvieron y procesaron a 38 empleados con cargos que van desde “ruidos molestos” a la violación del aislamiento. Antes de eso, también con Infantería habían intentado desactivar un acampe en el predio de la UCIM, que fue cerrado por Suarez para evitar que se reiteraran las protestas en ese lugar.
