La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación habilitaron líneas de contacto para que familias, docentes y no docentes puedan denunciar abusos de las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza hacia familias y trabajadores que decidan no concurrir a los establecimientos educativos en zonas de alerta o alarma epidemiológica.
Las denuncias se recibirán en la Secretaría de Derechos Humanos a través del 0800 122 5878. También se puede enviar un mensaje de Whatsapp al 114091 7352 o un correo electrónico a dnpcvi@jus.gov.ar.
Mendoza y CABA decidieron no acatar lo resuelto por el Consejo Federal de Educación, que votó la vuelta a la virtualidad por dos semanas hasta que amainen los contagios. Las resoluciones del Consejo tienen fuerza de ley, pero José Thomas, el titular de la DGE, anticipó que Mendoza hace su propia interpretación y no acatará "porque no corresponde".
"Debido a las numerosas consultas recibidas por miembros de la comunidad educativa con relación a la vulneración de sus derechos y ante la negativa de las mencionadas jurisdicciones de cumplir con el Decreto Nacional vigente y la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 394, el Gobierno dispone trabajar para contener y atender las necesidades de quienes lo requieran", explicó el gobierno nacional.
La idea de poner en funcionamiento esta línea es "resguardar el derecho humano de todas las personas a una educación y un trabajo con salud, el Gobierno Nacional". Las denuncias serán recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, "que llevará adelante las acciones que correspondan".
Aprietes a padres y maestros
Según la Secretaría de Derechos Humanos, desde la vigencia del DNU que ordenó volver a la virtualidad, los reclamos más frecuentes de las familias han sido: sanciones a través del cómputo de inasistencias o la puesta en riesgo de sus vacantes, como así también la falta de garantía del cumplimiento de clases a distancia para mantener la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes.
En el caso de los docentes y no docentes, han manifestado haber sido apercibidos con el descuento de haberes por ausentarse a sus puestos de trabajo (aún ofreciendo trabajar a la distancia) y fuertes amenazas para conservar sus fuentes de ingreso, precisó el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia.
Thomas redobla la apuesta intimando a los padres
El titular de la DGE reforzó en las últimas horas su militancia por la presencialidad a toda costa. En ese punto cuestionó al Consejo Federal de Educación y también la emprendió contra la decisión de las familias a no enviar a sus hijos a la escuela, que se repite en los lugares más afectados por la expansión de los contagios, como el sur de la Provincia.
“Los padres no tienen toda la información ni los datos para saber qué es lo mejor para su hijo, el Estado tiene la obligación de en estos momentos decirle al padre qué es lo mejor para su hijo”, remarcó el funcionario en una entrevista radial.
El SUTE había denunciado poco antes que las directoras de escuelas, ante la negativa del Ejecutivo de volver a la virtualidad y la orden de mantener las ventanas abiertas, envían a los padres instrucciones para que los chicos concurran a clases “lo más abrigados posible, con mantas, infusiones y azúcar”. Sobre ese punto no fue consultado Thomas en la entrevista radial.
