Revés judicial

La justicia rechazó la cautelar de los anestesistas para suspender la ley de "emergencia en anestesiología" de Suarez

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Anestesistas en la conferencia donde anunciaron que acudirían a la CIDH por la ley de emergencia.

La jueza María Paz Gallardo rechazó la cautelar presentada por los anestesiólogos pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de "emergencia en anestesiología". Junto a la cautelar, estos trabajadores y trabajadoras habían anunciado que acudirían a la CIDH por la norma, que consideran "violatoria de derechos".

Los profesionales alegaban que la vigencia de la norma impulsada por Rodolfo Suarez "favorece y fomenta un trabajo forzado, sin reglamentación alguna, generando la supresión de los derechos referidos, sin imponer ningún límite al Poder Ejecutivo y a su Ministerio de Salud", pero la jueza consideró que no se acreditó "el riesgo un daño irreparable a su persona o sus bienes".

El conflicto parece sin salida, además, por la resolución del Gobierno de dilatarlo en el tiempo, pese a que hay más de 5 mil cirugías suspendidas por falta de quien suministre anestesia.

El Gobierno dilata la pelea con los anestesistas y apura sanciones para los que se niegan a trabajar sin aumento salarial

Dice la jueza: "Estamos en el caso ante una ley de emergencia sanitaria , dictada –bien o mal- en situación de excepcionalidad y con el afán de preservar la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público esencial, que es justamente la salud de miles de mendocinos que , como es público y notorio conocimiento, se encuentran a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente desde hace más de dos meses".

Agrega el fallo: "Entiendo que resulta mas factible un daño irreparable a la salud de la población con la admisión de la cautelar que con su rechazo, mientras que el daño al amparista resulta , al menos en este estadio aún hipotético".

La Fiscalía de Estado avaló la posición del gobierno de Suarez cuando fue consultada por la magistrada en cuestión, alegando que "el presente conflicto presenta una tensión entre los derechos a las alud de la población general y un derecho económico singular, sobre el cual el amparista no acredita en forma alguna cómo se vería frustrado".

La cautelar fue presentada por Arturo Hernán Salassa, vocero de los anestesiólogos autoconvocados, en representación de los 68 anestesistas que renunciaron en marzo en disconformidad con lo que el Gobierno pretende pagarles por sus servicios.

Informe Explícito: la batalla de Suarez contra los anestesistas por los salarios

Esta es la resolución de la jueza:

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