Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura pidieron que ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza llamen a Audiencia Pública para debatir los 34 proyectos de exploración en busca de cobre en Malargüe.
En un comunicado difundido en las últimas horas, "en virtud de que la Ley 7722 precisamente prevé la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros aprobados por el gobierno", pidieron un "necesario debate político público que los mismos requieren (Corte Suprema de Justicia de Mendoza, fallo de 2015 por la constitucionalidad de la Ley 7722)".
Señalaron también que las objeciones a los proyectos planteados en la audiencia que organizó el Gobierno en Malargüe fueron muchos y aún no han sido respondidos. En ese sentido, semanas atrás desmintieron el supuesto apoyo masivo de la comunidad.
"El pedido de Audiencia Pública a diputados y senadores se sustenta legalmente en el Acuerdo Escazú, que impone la obligatoriedad de dar intervención a la población en las decisiones de gobierno en materia ambiental. Entendemos, que este derecho ha sido vulnerado con la modalidad elegida por el gobierno para aprobar de una vez 34 proyectos mineros, cuyos informes de impacto ambiental no contienen ni la descripción de los ecosistemas a afectar, ni relevamientos de campo, ni las tareas específicas a llevar a cabo en cada caso", señalaron.
En otro tramo del documento advierten que "no haber debate público y aprobar todo a libro cerrado, buscaremos las opciones legales que tenemos para interponer las acciones que correspondan, en salvaguarda del agua de Mendoza, los ecosistemas naturales y la población trashumante de la cordillera malargüina, en particular las comunidades de Pueblos Originarios, que hasta el momento no han sido consultados de manera libre, previa e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT".
Tratamiento exprés
Para los asambleístas es llamativo "en los anuncios vertidos por los medios respecto de la celeridad con que se trataría este proyecto de ley, dando por sentado que va a ser aprobado por ambas cámaras a libro cerrado y en cuestión de unas pocas semanas, privilegiando los intereses particulares representados por los empresarios privados titulares de los proyectos a prospectar o explorar".
Descontrol y persecución política
Señala el comunicado: "Descreemos de los supuestos controles a la actividad minera, ya que, en los hechos concretos, ni siquiera pueden controlar la contaminación de años generada por la actividad petrolera, a pocos kilómetros de la capital".
Luego mencionan lo que ocurre cuando se intenta denunciar públicamente la política de extractivismo con peligros de contaminación. "Cuando alguien lo denuncia, termina siendo perseguido por el gobierno, en lugar de sancionar a la empresa contaminadora (Caso Lunlunta). ¿Cómo se supone que van a controlar explotaciones situadas en áreas remotas y sancionarlas en caso de constatar daño ambiental y sin que ello implique persecución a los denunciantes?".
La cantinela de la "matriz productiva"
Uno de los caballitos de batalla del lobby minero, la mentada "diversificación de la matriz productiva" también fu abordada en el documento de las AMPAP.
En la matriz económica de Mendoza reside la causa del estancamiento, instaló el establishment provincial con una prédica constante que le demandó cuantiosos recursos, desde el amanecer del milenio. La hipótesis suponía imposible crecer sin cambiar la matriz.
La hipótesis de los dueños provinciales suponía que era imposible el crecimiento sin cambios en la matriz productiva, independientemente de los ejes económicos y la orientación política del gobierno de turno. Falso, la economía provincial creció cuando la macro ayudó y cayó cuando no, desde entonces.
"También descreemos que supuestamente habría que 'diversificar' la matriz productiva de Mendoza, que la vocación territorial de Malargüe sería la megaminería, que tendríamos el deber moral de extraer metales y que supuestamente con eso se generaría riqueza y empleo. Malargüe hace más de 100 años que tiene minería y petróleo y sigue siendo un departamento con serios problemas ambientales, sociales y económicos", apuntaron.
Llamaron a la propaganda del oficialismo "un relato ideológico sin sustento alguno, que pretende instalar en la población mediante la reiteración sistemática de un mensaje falaz, el supuesto de que en Malargüe habría licencia social para la megaminería".
Este es el comunicado completo de las AMPAP:
