La oficina judicial comandada por Rodolfo González contestó mediante un comunicado a la denuncia mediática del gobernador contra los fiscales y jueces, a quienes acusó de no trabajar.
La Procuración General de la Suprema Corte desmintió las acusaciones del gobernador Francisco Pérez a los fiscales penales de la Provincia. En un comunicado emitido este viernes, el organismo atendió a las denuncias mediáticas públicas que hizo el mandatario sobre la labor de los fiscales de Mendoza y principalmente de Godoy Cruz.
El jueves Pérez culpó a la Justicia en general y a los fiscales en particular de conspirar contra su trabajo en materia de seguridad. Según el mandatario, mientras él y sus funcionarios trabajan, los magistrados "duermen la siesta" y benefician a los delincuentes.
No obstante, la Procuración aportó datos que desmienten a la operación verborrágica del gobernador para deslindar su responsabilidad en la inseguridad de la provincia. Pérez aireó su verba contra la Justicia luego del crimen del dueño de un minimercado de Guaymallén.
La Procuración, a cargo de Rodolfo González, desmintió para empezar que los fiscales trabajen de 8 a 13, como cuestionó Pérez. "Los Fiscales de Instrucción junto a su personal cumplen funciones en horario matutino y vespertino (7:30 hs a 21:00 hs) en las Unidades Fiscales, asistiendo diariamente el Fiscal en turno a las Oficinas Fiscales, las cuales permanecen abiertas durante las 24 hs. los 365 días del año con personal en turnos rotativos", remarcó en el comunicado publicado en la web del Poder Judicial.
Por otra parte, la Procuración le recordó al gobernador que fue el propio Ejecutivo el que ponderó la tarea investigativa de los fiscales de Godoy Cruz, a quien el mandatario acusó el jueves de vagos.
Asimismo, la oficina encabezada por González le refrescó al mandatario que las causas por narcotráfico son de competencia Federal, por lo que es imposible que las investigue la Fiscalía de Delitos Complejos, como exigió Pérez en su discurso demoledor hacia el Poder Judicial del jueves. En todo caso, para que los tribunales provinciales se hagan cargo de algunas investigaciones que involucren estupefacientes, la Legislatura debiera adherir a una ley nacional, pero hasta el momento ni el gobernador ni sus operadores legislativos avanzaron en ese aspecto.
El texto completo del comunicado de la Procuración
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