"Estamos cumpliendo con una ley que consideramos inconstitucional, porque las provincias tienen la autonomía para hacerlo y lo vamos a seguir defendiendo. Incluso antes nosotros sacamos una ley de Glaciares, pero como está vigente la ley nacional hay que cumplirla”, soltó José Luis Gioja, gobernador de San Juan, ante los periodistas que abrieron sus micrófonos y grabadores para escuchar el anuncio del sanjuanino: irá a la Corte Suprema para llevar papeles que, según dice, prueban que la minera Barrick Gold no contamina los glaciares de la cordillera con sus proyectos Pascua Lama y Veladero.
En la conferencia Gioja se rodeó del Fiscal de Estado de su provincia, Guillermo De Sanctis, quien anunció que con los informes de impacto ambiental se presentará la semana que viene en la Corte Nacional -que a mediados de 2012 ordenó plena vigencia de la Ley de Glaciares y pidió frenar cualquier actividad hasta que esté resuelto el inventario de estos reservorios de agua cordilleranos-.
La auditoría que va a presentar Gioja fue hecha por su propio gobierno a través de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, que rinde cuentas al Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, y estuvo timoneada por dos hombres de la Subsecretaría de Recursos Hídricos -Jorge Millón y Mauricio Lohay- y otros dos del Ministerio de Minería -Marcelo Ghiglione y Roberto Luna. Es decir, no hay aval de auditorías externas ni consultoras internacionales sino que es el mismo gobierno de Gioja, interesado en que la Barrick funcione a full, el mismo que dice que la Barrick no contamina.
Los papeles que Gioja llevará a la Corte afirman que "no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el áreas de estudio, sobre glaciares descubiertos, de escombros activos o inactivos”, recopila el Diario de Cuyo en su edición de este miércoles.
En San Juan, pese a la vigencia de la Ley de Glaciares, los trabajos en las minas han continuado, incluso bajo la supervisión del gobernador, tal como informó la prensa sanjuanina el 16 de enero.
Ese día Gioja en persona recorrió Veladero en compañía del CEO de Barrick, Jamie Sokalski; el presidente de la compañía en Sudamérica, Guillermo Caló; y el CEO de Techint, Paolo Rocca. Admas iba con los lobbystas y empersario el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra.
Pese a la vigencia de la Ley de Glaciares y a la orden de la Corte de no tocar la cordillera, una orden que trasciende las fronteras sanjuaninas porque la actividad minera afecta ríos y glaciares que afectan varias jurisdicciones, Gioja y su Fiscal consideraron que presentar la documentación de impacto ambiental es “innecesario en virtud que estos emprendimientos mineros ya dieron cuenta de su informe de impacto ambiental en su oportunidad”. No obstante y pese al pataleo, llevarán los documentos que tienen en su poder a la Corte.
Los Gioja fueron denunciados en la Justicia y a través de un libro por el ex diputado del FPV Miguel Bonasso, quien aseguró tras una larga investigación que los Gioja son socios de la Barrick como proveedores de la minera a través de su empresa Bentonita Santa Gema.
