La Asamblea Popular por el Agua y agrupaciones de autoconvocados y ambientalistas de toda la provincia volvieron a mostrarse en pie de guerra: esta vez pidieron que cese "la persecusión judicial a Eduardo Sosa", presidente de la red ambiental Oikos, y convocaron a los mendocinos a presentarse en la explanada de Tribunales el 14 de febrero, cuando comience el juicio que Coro Mining le inició al ambientalista por calumnias e injurias.
Sosa se manifestó en público más d euna vez oponíendose a la apertura del Proyecto San Jorge, que pretendía extraer cobre en Uspallata. Pero quedó patentizada en cartas públicas que envió a los legisladores en febrero del 2011.
En ella, la organización decía, entre otras cosas: “Sabido es que la empresa San Jorge pretende llevar adelante este proyecto minero sin el suficiente capital de respaldo que le permita obtener los créditos necesarios para ejecutar la explotación de la mina; más bien se trataría, ni más ni menos, de una especulación financiera que busca, con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental, obtener un alza de los valores que cotizan en bolsa, a fin de conseguir un comprador para el proyecto, de la misma manera que sucedió con el proyecto Potasio Rio Colorado y el ingreso de la empresa minera VALE al negocio que inició la minera Rio Tinto. NADIE EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS PUEDE OBTENER UN PRESTAMO SI NO PUEDE RESPONDER SIQUIERA POR EL 10 % DE LA INVERSION PRETENDIDA, y esto es lo que sucede hoy con Minera San Jorge, subsidiaria de la canadiense CORO Mining. (…) Tan poderoso es este interés, que el propio Gobernador de la Provincia adelantó la aprobación del proyecto sin haber esperado el dictamen de una comisión técnica evaluadora, además de haber ninguneado públicamente al propio Secretario de Medio Ambiente frente a la decidida embestida de funcionarios más afines a la minería, obligándolo a tener antes de fin de año el proyecto aprobado. Tan decidido está el apoyo irrestricto al proyecto minero que el Poder Ejecutivo no investigó seriamente ninguna de las denuncias que se realizaron a lo largo de los dos años que duró este proceso, mismas que se encuentran no solamente en el expediente sino también en la justicia. (…) Tal es el estado de la situación al día de hoy, que nuestra institución no ha tenido otra opción que recurrir a la justicia penal para que evalúe la posible comisión de delitos de falsedad ideológica por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de elaborar los estudios ambientales y defenderlos desde la empresa, como de delitos de la función pública a algunos funcionarios sobre los que recae la obligación indelegable de actuar frente a las denuncias y no lo hicieron”.
La oposición social al proyecto fue tan poderosa que el ahora gobernador, Francisco Pñerez, tuvo que prometer en campaña que no iba a activar San Jorge bajo ninguna circunstancia (aunque luego relativizó esas declaraciones).
La Asamblea Popular del Agua ha sido en la oposición a San Jorge una de las organizaciones más activas, y ahora lanzó este comunicado para apoyar a Sosa:
Los empresarios de Coro Mining, cuyo proyecto extractivo (mina San Jorge) fue rechazado por la comunidad de Uspallata y por el Estado mendocino en 2011, decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero. En este caso nos referimos a Eduardo Sosa (presidente de la ONG Oikos Red Ambiental).
Efectivamente, la empresa Coro Mining inició una querella contra Eduardo Sosa, aduciendo que algunos de los argumentos en los que éste fundaba su rechazo al proyecto San Jorge lesionaban el buen nombre de algunos de sus directivos. Vale la pena mencionar que Sosa nunca se refirió a ningún directivo en particular y que sus argumentos, lejos de ofender a nadie, señalaban hechos que son del dominio público. Por otra parte, ¿qué legitimidad tiene una empresa como Coro Mining para denunciar por “daño moral” a una persona, después de haber generado grandes conflictos y divisiones en la comunidad de Uspallata? Aquí el único daño moral lo ha provocado Coro Mining, a través de la contaminación social de Uspallata, que oportunamente hemos denunciado.
Pero no debe extrañarnos el accionar de Coro Mining, ya que éste es una copia de lo que hacen otras transnacionales mineras en diversos lugares del mundo: intentar amedrentar por todas las vías posibles a quienes se ponen en su camino. En este sentido entendemos que la demanda a Eduardo Sosa es un ataque a todos los mendocinos que a lo largo y a lo ancho de la provincia nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos a las mentiras de los grandes capitales megamineros.
A su vez nos preguntamos ¿Por qué Coro Mining no inicia acciones legales contra el gobernador y legisladores que también rechazaron el proyecto públicamente? Ellos se expresaron de una manera similar a la de Eduardo Sosa, pero con la diferencia de que éste no lo hizo por votos o presiones políticas, sino en razón de sus conocimientos científicos y convicciones éticas.
Por este motivo, esperamos que la Justicia actúe correctamente y no permita que Eduardo Sosa sea condenado. Esto representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia. Asimismo, solicitamos que los legisladores trabajen para aprobar leyes que eviten en el futuro que corporaciones multinacionales atenten contra la libertad de expresión de los ciudadanos y los defiendan de los embates que buscan restringir este derecho.
Además, le hacemos saber a todas las megamineras y demás empresas que contaminan, saquean y corrompen que este pueblo y sus ciudadanos no les tememos, que cada vez somos más, y estamos más organizados. Y que no vamos a permitir que acallen nuestras voces. Por ello es que convocamos al pueblo y sus distintas organizaciones a estar presente en la explanada de tribunales provinciales, calle Patricias Mendocinas y Pedro Molina, el próximo 14 de febrero a las 9.30 hs, fecha en que está prevista realizar una audiencia para tratar las falsas acusaciones a Eduardo.
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
¡FUERA LA MEGAMINERÍA Y EL MODELO EXTRACTIVO DE ARGENTINA Y AMERICA LATINA!
¡AL IGUAL QUE EL AGUA, LA TIERRA Y ENERGÍA: LA JUSTICIA TAMPOCO ES UNA MERCANCÍA!
Acompañan el comunicado las siguientes adhesiones: Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP): Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, Asamblea de Luján, Asamblea Maipucina por el Agua, Asamblea de Las Heras, Asamblea de Vecinos autoconvocados de Tunuyán, Autoconvocados de San Carlos, Asamblea por el Agua de San Rafael, Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes (Fundación Cullunche, Partido Socialista, Sur para la Emancipación, PCR, PTP, Coalición Cívica-ARI).
