Terrorismo de Estado, poder económico civil y la lucha por memoria, verdad y justicia
La CONADEP documentó una red de centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron bajo la órbita conjunta de fuerzas militares, policiales y civiles. Operaban como circuito: secuestro, tortura, desaparición.
Dependiente de la Policía de Mendoza. Cientos de detenidos fueron torturados en sus sótanos. Funcionó como nexo entre fuerzas represivas. Actualmente es un espacio de memoria.
Centro de concentración y coordinación de vuelos de la muerte. Desde allí se organizaban traslados ilegales de detenidos hacia otras provincias o la desaparición.
Aislamiento, torturas sistemáticas. Muchos presos eran “legalizados” luego de pasar por el D2, pero permanecían bajo régimen de máxima opresión.
Su hijo fue secuestrado en 1976 por una patota encabezada por un vecino, el oficial Oyarzabal Navarro. Mario sobrevivió 7 años y medio de cautiverio, pero murió décadas después por secuelas de tortura.
Alicia, detenida desaparecida en 1976. Un fiscal federal les dijo a sus familiares: “Déjese de joder Morales, porque usted sabe que aquí mandan los militares y la justicia se la pasan por el culo”. Muestra la complicidad judicial.
Estudiantes de Periodismo secuestrados en diciembre de 1976 en pleno centro de Mendoza. Jamás aparecieron. Sus compañeros denunciaron la persecución sistemática a centros de formación.
El sacerdote italiano Franco Reverberi, capellán militar en Mendoza, colaboró con el Ejército en secuestros, torturas y asesinatos en la zona de San Rafael. En 2023 Italia aprobó su extradición a Argentina para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo nítido de la complicidad eclesiástica.
La dictadura en Mendoza no fue sólo militar: empresarios, jueces federales, periodistas y sectores de la Iglesia católica formaron parte activa del entramado represivo.
El ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, formó parte del núcleo de poder que decidió el destino económico y represivo. No fue un mero funcionario técnico: su cartera diseñó el disciplinamiento del capital y, junto a Videla, tomó decisiones directas sobre empresarios incómodos.
Los hermanos Héctor y José Greco eran dueños de un poderoso grupo económico mendocino (Bodegas Greco, Banco de Los Andes, medios). Durante el primer tramo de la dictadura fueron socios del régimen, concentrando cerca del 30% del PBI provincial con apoyo militar. Pero en 1980 fueron citados a una reunión con Jorge Rafael Videla, Martínez de Hoz y el ministro del Interior Albano Harguindeguy con la excusa de una asistencia financiera.
Acusados de “subversión económica” y “monopolio”, pasaron años presos. El episodio revela que el poder económico civil no era un observador neutral: Martínez de Hoz integraba la cúpula decisoria que disponía incluso la represión de empresarios que se desviaban de las reglas de la dictadura. La “pata civil” estaba en el corazón del Estado terrorista.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Ministerio de Economía (a cargo de Felisa Miceli) intentó pagar 600 millones de pesos a los herederos del grupo Greco como compensación por las empresas confiscadas. La denuncia de los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz impidió el pago, entendiendo que se trataba de reparar a quienes habían sido parte del engranaje económico del terrorismo de Estado. Paradójicamente, el establishment reclamaba al Estado que él mismo había ayudado a instaurar.
Tras décadas de leyes de impunidad (Punto Final, Obediencia Debida), sus anulaciones permitieron que Mendoza se convirtiera en polo de juicios por crímenes de lesa humanidad.