Organismos de Derechos Humanos repudiaron la persecución policial y judicial a los vecinos y asambleístas que se manifiestan por el agua y contra el fracking en distintas asambleas y eventos en Mendoza.
En los últimos días se multiplicaron los casos de imputaciones, citaciones a declarar y detenciones en comisarías a quienes participaron de marchas, folleteadas y otras acciones. Ya en diciembre tres manifestantes fueron imputados -la defensa fue encarada por la Gremial de Abogados-, mientras se preparaba una ofensiva judicial mayor que en ese momento no se concretó por la conmoción social en las calles tras el derribo de la Ley 7722.
Sin embargo, ante el nuevo plan de acción, las fiscalías afines al gobierno, y el Ministerio Público Fiscal, continuaron con el plan para penalizar a manifestantes. La finalidad es clara: hacer transitar asambleístas por comisarías y tribunales para ejemplificar a los que protestan, y de esa manera desactivar la movilización popular, que siguió con vigor después de recuperada la 7722.
Miguel Vecino, uno de los participantes en la marcha del domingo contra el fracking fue citado a declarar e imputado por obstrucción del paso del transporte público en el contexto de la marcha.
En tanto, el mismo domingo, en Junín, Pablo Massutti (docente, miembro de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes y Secretario de Educación del SUTE) fue abordado por personal de seguridad de la Feria de las Naciones -donde los manifestantes juntaban firmas y repartían folletos- que le exigieron que quitara un cartel colgado en forma de agua que decía "No al fracking". Pidió explicaciones, le respondieron los uniformados que "molestaba a la gente". Llamaron a la policía, lo requisaron y los trasladaron a la Comisaría 19 de Junín, donde lo retuvieron varias horas por supuesta "averiguación de antecedentes".
Tomando este último caso, en un comunicado conjunto, la Red por los Derechos Humanos de Mendoza, la APDH Mendoza, el Espacio para la Memoria, Ni Una Menos Mendoza, Colectivo Celpi, la Asociación de expresas y presos políticos de Mendoza, Liberpueblo, las Asambleas por el Agua, el Frente Feminista La Duarte, el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, la CTERA, Fadiunc, ATEN, entre una larga lista que supera las 50 adhesiones (puede verse completa aquí), repudiaron la avanzada punitiva contra manifestantes.
El SUTE, por su parte, consignó que lo ocurrido en Junín "persiguió la finalidad de cercenar el derecho a la libertad de expresión que tutelan la Constitución Nacional y numerosos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional para reprimir la protesta social, expresando una vez más, el accionar antidemocrático de un gobierno que no duda en acallar las voces que se levantan en toda la provincia, en defensa de los derechos del pueblo y este caso; del derecho de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano".
Prepararse para lo que se viene
Este sábado 25 de enero de 10 a 17 la Gremial de Abogados brindará de forma gratuita herramientas a vecinos y asambleístas en la Cooperativa La Terre (Godoy Cruz 5330, Guaymallen) -la empresa recuperada por sus obreros después de que el grupo Matas la fundiera-. La idea es estar organizados frente a la embestida que comenzó a desplegarse sobre quienes se manifiestan en calles, plazas y espacios públicos.
Las capacitación estará a cargo de Laura Valente, de la Gremial de Abogados y Abogadas filial Mendoza y Elsa Díaz, integrante de comisión de seguridad de Asamblea Popular por el agua.
Abogados preparan la defensa de vecinos y asambleístas del agua ante la avanzada judicial
