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La querella de la Oficina de Anticorrupción (OA) presentó su alegato final en el juicio oral contra el ex presidente Fernando De la Rúa y otros siete acusados por «cohecho» a raíz del pago de cinco millones de pesos a senadores justicialistas y sostuvo que el ex mandatario tuvo a su alcance evitar el pago de sobornos para la aprobación de la ley de Reforma Laboral en 2000 y decidió no hacerlo. Los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 3 terminarán este viernes con el pedido de condenas.
Para la OA, se probó la existencia de un plan para el «pago de sumas de dinero a senadores justicialistas», realizado con fondos estatales de la SIDE, propiciado por el fallecido José Genoud, quien por entonces era titular de la bancada radical en el Senado y por el ex titular de la SIDE y juzgado ahora junto a De la Rúa, Fernando de Santibañes. «Hubo un desvío de fondos para sobornar a los senadores que hoy están en juicio, sin descartar que haya habido otros», sostuvo la querella.
La OA dio por probado que existió una reunión en la Casa de Gobierno el 30 de marzo de 2000 al mediodía con el titular de la bancada del PJ Alasino, el senador Tell y Genoud con presencia de Pontaquarto para «obtener garantías del propio Presidente de la Nación».
«De la Rúa estaba al tanto del plan en curso, esta reunión destrabó el pago de los sobornos a los conductores de los bloques del PJ», resaltó la OA. Allí Genoud informó a De La Rúa que los senadores justicialistas «requerían otras cosas» para el voto favorable y él respondió: «Eso lo arreglaran con De Santibañes», en un encuentro al que al irse el Presidente se sumó el también procesado y juzgado ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique. «Luego de esa reunión se allanó el camino para la pronta sanción de la ley», concluyó la OA.
El alegato de la OA argumentó que «visto el fracaso de la negociación política, desde las más altas esferas gubernamentales se concibió la operación ilícita llevada adelante por De Santibañes y Genoud, se repartieron las tareas y el brazo ejecutor fue (Mario) Pontaquarto».
La OA aludió a la «capacidad de los imputados para borrar huellas de los delitos cometidos» y que en algunos casos usaron «su aura de respetabilidad» que no puede trasladarse «sin más a lo que ha ocurrido en este proceso».
En cuanto a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, en el alegato se recordó que al momento de los hechos, abril de 2000, se vencían sus mandatos. «Tenían que ver por sus carreras políticas, que estaban llegando a su fin y cualquier cosa era necesaria para blindarse económicamente ante la falta de un futuro político» y por eso «hicieron lo que hicieron», sostuvo la querella.
Sobre el arrepentido Pontaquarto, la OA remarcó que es un «corrupto» pero que sus dichos son la principal prueba de la causa y no hubo mendacidad. «El es un corrupto, lo que hizo es repudiable, tiene que quedar claro, se manejó en su vida pública y privada de manera más que cuestionable y llevó adelante el plan criminal que le impusieron», argumentó.
En el alegato se dio por comprobado que el dinero se retiró de una cuenta bancaria de la SIDE en el Banco Nación en abril de 2000 y estuvo guardado una semana en la casa de Pontaquarto al posponerse la sesión donde iba a tratarse la ley.
El día de la sesión los senadores «fueron puestos en conocimiento de la versión final del proyecto a último momento y solo cuatro votaron en contra, mientras que el resto a favor por disciplina partidaria o contribución a la gobernabilidad», recordó la OA que se dijo en ese momento.
