Presión del establishment

Respuesta de las Asambleas por el Agua a la nueva embestida prominera de empresarios: “¿Qué parte del ‘no’ no entienden?

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El 23 de diciembre miles de mendocinos manifestaron su defensa a la Ley 7722, que el gobierno derribó pocos días después.

Por Marcelo Giraud*
De la Asamblea Popular por el Agua

Los Andes siguen estando allí como siempre, y en sus entrañas, cobre y otros metales. Y la cuarentena implica suspensión o disminución de muchas actividades. Y la “maldita sed de oro” es el más resistente de los virus en ciertos individuos.

Entonces… el mismo grupo de empresarios, políticos y periodistas de siempre nos machaca por enésima vez con la cantinela de la minería, y ataca otra vez a nuestra Ley 7722. Como si en diciembre de 2019 no hubiese pasado nada fuera de lo común en Mendoza. Y como si el pueblo fuese tan veleta y sus convicciones cambiaran tan rápido como el discurso y las acciones de tantos políticos. Ahora pretenden hacernos creer que debido a la Ley 7722 el Estado mendocino pierde la ocasión de contar con ingresos mucho mayores para afrontar la pandemia, a diferencia de San Juan con sus minas de oro. Y no falta el empresario que incluya en la comparación a Neuquén con sus hidrocarburos a fuerza de fracking.

Pero nunca dicen que el presupuesto del Estado sanjuanino se basa, desde hace décadas, en los fondos transferidos desde la Nación. En el período 2009-2018, los fondos nacionales representaron el 69,4% de la ejecución presupuestaria de San Juan, mientras que las regalías mineras sólo 2,5%. En la misma década, los fondos nacionales implicaron para Mendoza el 47,0% de la ejecución presupuestaria, y las regalías hidrocarburíferas 7,9%. En el presupuesto aprobado por San Juan para 2020, las regalías son apenas el 1,9% del total de recursos, contra 70% de fondos nacionales . En el primer trimestre de 2020, las regalías cobradas por Mendoza quintuplican con creces a las recibidas por San Juan, a su vez 31 veces menores a los fondos que le giró la Nación.

En cuanto a generar empleo mediante la extracción de minerales, vale aclarar que la de hidrocarburos y la no metalífera también son formas de minería (ambas muy importantes en Mendoza y no afectadas por la 7722), tanto como la metalífera. Según los últimos datos oficiales, del 3º trimestre 2019, a escala nacional sumaron 88.996 empleos (0,74% del total de trabajadores registrados), de los cuales sólo 9.682 (0,08%) en minería metalífera. Entre octubre de 2018 y setiembre de 2019, en San Juan se registró un promedio de 2.909 trabajadores en minería, mientras que en Mendoza 4.863 (es decir 67% más que en San Juan), los cuales implicaron una masa salarial 76% mayor que en San Juan. Tanto en Mendoza como en San Juan, el mayor pico de asalariados privados registrados en el total de actividades fue en abril de 2013, pero en enero de 2020 su número había caído 18,1% en San Juan, contra 3,6% en Mendoza.

Informe Explícito: Ley 7722

Hablar de extracción de hidrocarburos nos lleva a mencionar el fracking y el proyecto de ley para prohibir esa técnica en territorio mendocino, que las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura presentamos hace ya 23 meses a través del diputado Majstruk, avalado por más de 50.000 firmas (más otras 50.000 pidiendo al gobernador que derogue el decreto 248/18), pero sigue durmiendo sin que la mayoría de legisladores lo traten siquiera en comisión. No nos explayaremos aquí sobre los tremendos riesgos e impactos socioambientales que conlleva el fracking, pero sí sobre algunos mitos y realidades en lo económico.

Tanto en el norte patagónico como en Estados Unidos y Canadá, hace años venían sumándose evidencias de que el frenético ritmo de perforación y fracturación hidráulica de nuevos pozos seguía manteniéndose a costa de subsidios estatales y crecientes endeudamientos bancarios, cada vez más insostenibles con el petróleo cotizando a 60 dólares por barril. En Argentina, en 2019 ya hubo una notoria caída de equipos de perforación para hidrocarburos en actividad, que pasaron de 71 en agosto a 55 en setiembre, y a sólo 38 el 7 de marzo, antes de la reciente debacle del precio del petróleo. Para esa última fecha, había 1.019 equipos de perforación funcionando en Estados Unidos y Canadá, que con el derrumbe de precios del crudo se habían reducido a 491 el 24 de abril.

Más allá de todos los motivos socioambientales por los cuales rechazamos de plano el fracking, los pronósticos son bastante unánimes: es muy poco probable que a mediano e incluso largo plazo pueda ser monetariamente rentable extraer petróleo con esa técnica. La semana pasada, el Banco Mundial pronosticó un precio de 35,4 dólares por barril como promedio para 2020, 41,8 dólares en 2021, y 48,9 dólares recién para 2025. Queda por verse si podrá suceder ese lento repunte de precios, que de todos modos deja muy escaso margen a la reanudación del fracking, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Más bien cabe esperar que se profundice el proceso ya iniciado, de quiebras de empresas dedicadas al fracking y sus proveedoras de servicios, así como suspensiones y despidos masivos de trabajadores.

Como parte de un movimiento mundial de oposición a la fractura hidráulica, dados los desastres socioambientales que ha generado en Norteamérica y la Patagonia, el cambio climático que impone la urgencia de reconvertir la matriz energética argentina y mundial hacia energías limpias, y los problemas económicos que para colmo implica el fracking, las asambleas de AMPAP llevamos años repudiando esa técnica.

Cuando en 2017 y 2018 Cornejo y Guiñazú publicitaron los pozos de fracking en Puesto Rojas como una “revolución” en la actividad petrolera mendocina, pintaron un escenario sin sustento real, pues hasta hoy el fracking nunca ha llegado a generar ni el 1% del petróleo extraído por mes en Mendoza , a pesar de haber otorgado a las empresas el privilegio de menores regalías. Pero no podemos olvidar que hace apenas 7 meses, en su campaña electoral tanto Suárez como Sagasti hacían fuerte hincapié en “pisar el acelerador” de Vaca Muerta como principal promesa de “crecimiento y desarrollo” para la sociedad mendocina.

Nos proponían a Neuquén como “modelo”, ocultando no sólo los desastres ambientales y muertes de trabajadores sometidos a condiciones de trabajo cada vez peores, sino los problemas estructurales de su economía tan atada al petróleo y el gas con sus altibajos. Y el grueso de la clase política mendocina, los empresarios, los medios hegemónicos, jamás dijeron que a pesar de recaudar las mayores regalías por hidrocarburos del país, el Estado neuquino padece la mayor deuda per capita entre las provincias argentinas: 108.869 $/hab al 30 de setiembre de 2019, cuando el promedio entre las 24 jurisdicciones era de 33.934 $/hab y en Mendoza 38.531 $/hab.

Ante la debacle petrolera, y en especial de la fractura hidráulica en Estados Unidos y Neuquén, hoy el gobierno y las mayores cámaras empresariales mendocinas barren bajo la alfombra sus promesas frackineras, cambian el eje alabando a la San Juan minera, piden megaminería metalífera para Malargüe, y dan curso ¡otra vez! a la evaluación de impacto ambiental del proyecto San Jorge en el valle de Uspallata, aguas arriba del Gran Mendoza y del mayor oasis mendocino.

Cuando Suárez, políticos y periodistas lamentan que el pueblo mendocino haya reconquistado la Ley 7722 en diciembre, y dicen que la minería metalífera proveería los recursos necesarios para afrontar el contexto de pandemia, desconocen u ocultan los números reales que estarían en juego. Supongamos por ejemplo que el pueblo y la Legislatura mendocina no hubieran rechazado por unanimidad (y con sobradas razones) el proyecto San Jorge en 2011, y estuviese hoy en plena explotación. Por el cobre, oro y plata extraídos durante los 39 días desde el 20/3 (inicio de la cuarentena) hasta el 27/4, y a la cotización diaria de esos metales y del dólar, le correspondería haber abonado al Estado mendocino 62 millones de pesos por regalías (3% sobre la facturación) e impuesto a los ingresos brutos (0,75%, la más baja de las alícuotas en la ley impositiva).

¿Parece mucho? En ese mismo lapso, Mendoza recibió 109 veces ese monto, 6.743 millones de pesos, sólo como transferencias habituales del Estado nacional. A esa cifra debe agregarse aún la recaudación propia de ATM por impuestos provinciales y regalías petroleras, en este tiempo seguramente mermada debido a la pandemia, pero salta a la vista que la megaminería no movería la aguja del presupuesto mendocino. En 2019, la hipotética mina San Jorge habría aportado, en regalías e ingresos brutos, un magro 0,35% extra al Estado provincial. El disparate de 10 hipotéticas minas como San Jorge (en ninguna provincia argentina se explota tanta megaminería) implicaría 3,5%. ¿Tendría sentido? Ni por 35%: el pueblo mendocino ya dijo clara y reiteradamente NO.

De todos modos, es innegable que el presupuesto provincial requiere reforzar sus ingresos, y de modo mucho más contundente que con las migajas que podría implicar la megaminería. Ciertamente, la estructura tributaria y su aplicación, a escala tanto nacional como provincial, merecería una discusión de fondo pues, como en la mayor parte de Nuestra América, la cúpula empresaria y las grandes fortunas privadas pagan menos impuestos que en los países centrales, mientras que los trabajadores y sus hogares son perjudicados por su carácter regresivo.

Sin entrar en ese debate, instamos de todos modos a la clase político-partidaria mendocina a unirse y dejar de postergar indefinidamente la gran lucha que merece el pueblo mendocino, por una distribución mucho más justa de los recursos nacionales. La Constitución Nacional de 1994 prevé, en su cláusula transitoria sexta, que a más tardar en 1996 el Congreso debía sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Hace 24 años que venció ese plazo y que el Congreso sigue incumpliendo esa cláusula constitucional. Y que algunos políticos mendocinos parecen resignados a que nunca se cumpla, y quizás muchos o la mayoría ignorando la gravedad del perjuicio que eso implica para nuestra provincia.

Pues no hablamos ya de aumentar el presupuesto en 0,35% o 1%, sino en torno al 10%. Hace ya más de tres décadas que Mendoza resulta muy perjudicada por la ley 23.548 que rige el “Régimen Transitorio [sic] de Distribución entre la Nación y las Provincias”. El porcentaje que dicha ley asigna a Mendoza implica que por cada habitante en su territorio, el Estado mendocino reciba, por ejemplo, menos de la mitad que el sanjuanino, y menos de un tercio que el catamarqueño.

Sin cuestionar el principio de que la distribución de fondos recaudados por el Estado nacional debe ayudar a compensar las desigualdades socioeconómicas entre provincias, ni pretender que la coparticipación per cápita a Mendoza se duplique para igualar a la que recibe San Juan, sería razonable equipararla, por ejemplo, con lo que la Nación gira a Santa Fe por habitante. De haber sido así en 2019, por ejemplo, Mendoza habría recibido $ 15.547 millones adicionales, equivalentes a 11,5 % adicional sobre el presupuesto provincial, o 7 veces los $2.203 millones de resultado financiero deficitario aprobado para el mismo. Tan solo en lo que va de 2020 (1 de enero al 27 de abril), de ese modo le habrían llegado a Mendoza $ 4.842 millones extras.

Y este perjuicio a los mendocinos se va acumulando año tras año. El mismo cálculo, sobre los recursos efectivamente transferidos a las provincias desde 2004 hasta 2019, y actualizando los montos resultantes a pesos de abril de 2020, evidencia que si Mendoza hubiese tenido el mismo trato de coparticipación que Santa Fe en términos “per cápita”, habría recibido en total $ 240 mil millones adicionales en ese período. Ni hablar del hipotético e imposible caso en que Mendoza y San Juan hubiesen estado equiparadas en cuanto a montos per cápita girados por Nación, de 2004 a 2019: $ 1,2 Billones [sic] adicionales para Mendoza, unos 18.000 millones de dólares .

Por ello, antes de decir que “la matriz productiva de Mendoza está agotada, sólo la minería metalífera y el fracking podrían salvarla” o que “San Juan se enriqueció gracias a la minería metalífera, la Mendoza empobrecida debería seguir su ejemplo”, vale considerar que el estado sanjuanino se financia básicamente con un muy generoso flujo de fondos nacionales, frente al cual resulta muy exiguo el de la minería aurífera.

Y mejor aún, imaginar una Mendoza cuyo Estado en los últimos 16 años hubiese contado con unos 240.000 millones de pesos o 3.600 millones de dólares adicionales (el caso de una justa equiparación con Santa Fe) para invertir en educación, salud, vivienda, sistemas de riego, redes de agua y cloacas, fomento a la agroecología y energías limpias, empleo en actividades sustentables y Buen Vivir para lxs mendocinxs.

Sabemos bien que la negociación entre provincias y con el Estado nacional para una nueva ley de coparticipación no sería nada sencilla, ni breve. Pero alguna vez la clase política mendocina debería emprenderla, entendiendo que es una causa justa, y avalada e incluso requerida por la Constitución. El pueblo, el ambiente, el territorio mendocino todo, estarán muy agradecidos si se dedicaran a ello en vez de prometer espejitos de colores extractivistas que, sin solucionar los problemas económicos, implicarían graves peligros y riesgos para el ambiente y la vida en esta Mendoza Hija del Agua.


*Marcelo Giraud es profesor y licenciado en Geografía, miembro de la Aamblea Popular por el Agua, profesor en las cátedras de Geografía de los Espacio Mundiales y Geografía de Mendoza de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.

 

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