El presidente Javier Milei emite el DNU 70/2023 para desregular la economía. En su artículo 154 se dispone la derogación total de la Ley de Tierras (26.737), eliminando los límites a la compra por parte de extranjeros.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presenta un amparo argumentando que la derogación pone en crisis la soberanía nacional.
Al finalizar la feria judicial, el juez federal Alberto Recondo rechaza el amparo del CECIM por considerar que no tenían legitimidad para realizar demandas colectivas.
Tras la apelación del CECIM, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata falla a favor de los excombatientes, declarando la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
Ante el freno judicial, el Gobierno envía al Congreso el proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger. Incluye la eliminación de las restricciones nacionales a la compra de tierras por extranjeros, delegando la regulación a las provincias, además de modificar el manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.
El proyecto enfrenta fuertes resistencias políticas y sociales. El primer intento de tratarlo en el recinto fracasa por falta de apoyos y tensiones internas en La Libertad Avanza, pasando a un cuarto intermedio.
Ante el riesgo inminente de perder la votación en el Senado y frente a una creciente movilización social, el Gobierno presenta un nuevo dictamen. Renuncia a eliminar por completo el límite de venta a extranjeros y propone elevar el tope nacional del 15% al 25%.
El oficialismo senatorial decidió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros con el fin de avanzar con el resto del proyecto al que denominó Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. El resto del proyecto seguiría el trámite legislativo, cuyo próximo híto es el debate en la sesión del Senado convocada el jueves, a las 14.
La Ley 26.737 (2011) establece un máximo del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental.