Mauricio Macri declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico". La parte fundamental del decreto habilita al Ejecutivo a gastar miles de millones sin licitación ni opinión previa del Congreso.
La vía libre para contratar a gusto los insumos del plan de seguridad por decreto se debe, según el texto de la norma del Presidente, a las necesidades originadas en "la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional".
La emergencia, dice el decreto, le permitirá a Macri "adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado" sin tener que discutir los criterios y precios de las contrataciones con nadie.
Autoriza el decreto la "adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional" sin necesidad de aprobación parlamentaria.
El decreto fue anticipado en diciembre a los ministros de Seguridad de las provincias, quienes en general aceptaron que el Ejecutivo gaste a discreción siempre y cuando lo justifique el plan de Seguridad.
