El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, y los legisladores radicales Martín Kerchner y Néstor Parés viajaron a Macedonia por invitación de las mineras rusas que compraron el control de la compañía que promueve la explotación del oro de Uspallata.
Las compañías rusas Solway Group y Atterra Investment compraron el 70% del paquete accionario de San Jorge, un proyecto que fue desarrollado en su fase inicial por la canadiense Coro Minning hasta que la Legislatura le negara la autorización para operar rechazando la Declaración de Impacto Ambiental gracias a una decisión de la campaña del actual gobernador Francisco Pérez. Las compañía rusas entraron a empresa que planificó desarrollar San Jorge en Uspallata el año pasado.
En junio, el gobernador reabrió las negociaciones en primera persona para la instalación de un proyecto extractivo que genera el rechazo de ambientalistas y la desconfianza de buena parte de la sociedad, según los propios políticos de todo el arco local han reconocido, en junio. Tuvo al menos dos reuniones, una en Buenos Aires y la otra en la Casa de Gobierno de Mendoza con los nuevos dueños del proyecto San Jorge.
Las reuniones de Pérez con los accionistas de San Jorge se produjeron en un contexto de creciente presión del lobby minero provincial contra la vigencia de la Ley 7.722 tal cual está. El intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles (PJ), se puso como cabeza visible de una avanzada contra la normativa referida a la actividad minera que tiene como brazo ejecutor al diputado del peronismo malargüino José Muñoz, autor de una iniciativa para modificar la actual legislación.
En la presentación ante la prensa del proyecto, el intendente sureño aseguró que la iniciativa contaba con el apoyo de otros jefes comunales y que estaba en conocimiento del gobernador, quien no vetó la acción de los malargüinos en la Legislatura. Sin embargo, una vez expuesto el proyecto no generó ninguna adhesión en público ni el respaldo necesario para avanzar en el trámite legislativo. Uno de los que sí tomó la bandera pro minera y se enroló en la militancia fue el diputado nacional peronista Alejandro Abraham, promotor de un debate que culmine en la modificación de la denominada Ley Antiminera, la número 7.722.
San Jorge es el proyecto más avanzado en el rubro metalífero en la provincia, pero no el único que tomaría aire si la Justicia o la política habilitan el uso de los químicos en cuestión. La extracción en Uspallata fue sometida a audiencia pública y al análisis de los organismos que requiere el proceso de impacto ambiental. La detuvo en su momento, mediados de 2011, la necesidad coyuntural del entonces candidato oficialista a la Gobernación Francisco Pérez, quien tres años después, al frente de una gestión en retirada, reabrió la tranquera de la burocracia y la política para que pase San Jorge al centro de la escena nuevamente.
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