"Tenemos problemas con la prisión preventiva porque el elitismo penal no piensa igual que la ciudadanía. La intelectualidad en la justicia no piensa en la víctima, queremos cambiar eso". La definición viene de boca de Gianni Venier, quien será el ministro de Seguridad de Alfredo Cornejo y dejó sentadas algunas de las que serán las bases de su política.
Pese a que las estadísticas desmienten la remanida frase "entran por una puerta y salen por la otra" -el 45% de los presos que hay en las cárceles de Mendoza están detenidos bajo la figura de “prisión preventiva”-, Venier dijo que se enfocará en endurecer esa línea "pese a que esto que digo va a caer mal", tal como admitió en una entrevista realizada en radio Mitre este martes.
El titular de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Fabricio Imparado, alertó semanas atrás porque esas detenciones “rozan la ilegalidad”, ya que se extienden en el tiempo más de lo reglamentario. “La detención preventiva está habilitada, pero por diez días, e inmediatamente se tendría que dar intervención a un juez de garantías. Lo que está pasando es que duran 10 meses, un año, y de ahí para arriba”, sostuvo en radio Nacional Imparado.
No es el único funcionario que refutó la teoría de que no se encarcela delincuentes. Según un reporte de la Corte de la Nación, Mendoza supera en 40% la cantidad de presos cada 100.000 habitantes. Esta provincia sólo es superada por Buenos Aires: mientras que la tasa de encarcelamiento nacional es de 152 cada 100.000 habitantes, la de Mendoza marca 213 cada 100.000 habitantes y Buenos Aires ostenta 218 detenidos cada 100.000 personas.
Los datos están incluídos en un informe realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Asociación Civil Xumek, que interpusieron una acción judicial de habeas corpus colectivo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por “uso abusivo de las detenciones y prisiones preventivas por parte de jueces y fiscales”, según remarcaron en un documento difundido este miércoles, que revela, además que Mendoza es la segunda provincia con mayor tasa de “prisionalización” per cápita, sólo superada por Buenos Aires.
