El presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, Mario Chabert, augura un gran desarrollo industrial en San Juan con los metales de la montaña mendocina luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia declarara constitucional de punta a punta la Ley 7.722 que prohíbe en Mendoza el uso de químicos irremplazables para separar los metales de las rocas conseguidas por explosiones con dinamita en la Cordillera.
Chabert fue entrevistado el jueves en la mañana en Radio Andina en función de fallo unánime de la Suprema Corte de Mendoza en contra de una multitud de demandas de los empresarios mineros contra la Ley 7.722. Principalmente, los intereses mineros cuestionaron dos aspectos de la norma, que fue aprobada y promulgada en el ocaso del gobierno de Julio Cobos, en 2007: por un lado la prohibición de los químicos necesarios para el proceso de lixiviación y, por otro, la instancia legislativa de la habilitación de los proyectos. La Ley prevé que antes de ser aprobado definitivamente un emprendimiento extractivo la declaración de impacto ambiental debe tratarse en la Legislatura.
El presidente del círculo empresarial minero lamentó la decisión unánime de los jueces de la Suprema Corte respecto a la 7.722, al mismo tiempo que advirtió que "con esta ley va a ser imposible conseguir inversionistas para proyectos mineros".
De todos modos, el dirigente del lobby minero mendocino consideró que la sentencia de la Corte no va a impedir que se desarrolle el proyecto San Jorge, en Uspallata, que prevé extraer cobre y otros metales. Consideró que la decisión de la Justicia no correrá a los capitales rusos que compraron el proyecto metalífero a cielo abierto resistido en las calles por gran parte de la sociedad de Uspallata, sino que los empujará a tomar como alternativa la extracción de la roca en Mendoza por la vía de las explosiones con dinamita y la lixiviación con tóxicos en San Juan. Según Chabert, la vecina provincia será gracias a eso la más adelantada en la producción industrial del país.
El lobbista minero auguró el mejor escenario para las empresas mineras sanjuaninas, a las que consideró como las elegidas para la anunciada operación biprovincial de San Jorge. En síntesis, para Mendoza se cierne lo peor en materia de crecimiento económico por culpa de la vigencia de la Ley 7.722, según el sector empresario que accionó toda su capacidad de operar en los ámbitos judiciales, políticos y periodísticos contra la aplicación de la ley.
La campaña de los promineros atiende a la lógica de que si el agro utiliza una gran parte del agua disponible en Mendoza, la minería debiera tener su cuota para lavar las rocas con químicos en piletas como las de Barrick Gold, en la mina sanjuanina Veladero, de las que drenó líquido contaminado a un cauce afluente del Río Jáchal.
