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El intendente de San Carlos, Jorge Difonso, celebró el fallo de la Suprema Corte de Mendoza a favor de la constitucionalidad de la Ley 7.722 que prohíbe la minería con cianuro y otros tóxicos en la Provincia. Difonso fue uno de los impulsores principales de la norma aprobada en 2007 para regular la actividad minera.
"El fallo de la Corte prioriza la vida, el agua y las generaciones futuras", conceptualizó el intendente de origen ganso con presente ligado al massismo en una entrevista con Mitre Mendoza.
"Al otro día de aprobada la Ley empezaron a denunciarse inconstitucionalidades", recordó Difonso sobre el inicio del proceso judicial que desembocó en un fallo unánime difundido este jueves a favor de la plena vigencia de los postulados de la Ley 7.722.
La norma tiene ocho años de vigencia, lo mismo que las primeras denuncias contra su legalidad inscriptas en una guerra judicial, política y mediática del lobby minero contra la letra de la Ley que rápidamente se instaló como "antiminera".
Difonso adjudicó a la Ley 7.722 la facultad de instalar a "Mendoza en la vanguardia mundial del cuidado del agua" y contrastó la situación de esta provincia con la de San Juan, que soportó hace tres meses un derrame de cianuro al Río Jáchal por parte de la compañía Barrick Gold, operadora de la mina Veladero, o con Minas Gerais, en Brasil, donde la minera Vale con otras asociadas provocaron un desastre ambiental con muertos y casas arrasadas al ocasionar la rotura de un dique de lixiviación por sobreproducción en una mina.
