Los gremios ATE y AMPROS que tienen fuerte presencia en el universo del trabajo de la salud pública irán a la Justicia ordinaria y a los tribunales internacionales a batallar contra la Ley de Emergencia Sanitaria que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura por considerar que adjudica al gobierno facultades para destinar plata de OSEP a los gastos generales del Estado.
[audio5 src="http://www.ivoox.com/raquel-blas-mitre-mendoza_md_9823501_wp_1.mp3"][/audio5]La dirigente de ATE Raquel Blas -en una entrevista con Mitre Mendoza- advirtió que los gremios por definición se oponen a cualquier declaración de emergencia que no esté fundada en la necesidad de atender un episodio inesperado, como un sismo o una inclemencia climática o una epidemia. Descartó de plano considerar como emergencia a las consecuencias de una administración ejecutada en base a una planificación. Y a renglón seguido la dirigente marcó que los gremios llevan una larga pelea contra las sucesivas administraciones por el manejo de la salud pública.
La Ley de Emergencia Sanitaria ingresó al Senado el martes y fue tratada sobre tablas ese mismo día: el proyecto pasó a comisiones hasta el jueves en la mañana, cuando se someterá a votación en una sesión especial.
"Los gremios teníamos otras expectativas en base a las promesas de campaña de habilitar concursos de ingreso al trabajo público, pero con esta Ley de Emergencia Sanitaria se habilita a hacer todo lo contrario", consideró Blas.
La dirigente sindical advirtió que los gremios han estudiado los efectos históricos de las declaraciones de emergencia en marcos que no son definidos por un fenómeno imprevisto y en todos los casos resultaron ser una herramienta para el acomodo de empleados y la compra ventajosa para funcionarios y empresarios de insumos y prestaciones.
