Por Javier Polvani
@javierpolvani
Es un crimen del Estado tener a un inocente preso durante un año o dos hasta liberarlo en un juicio que lo demuestre. Y eso sucede en Mendoza gracias al uso cotidiano que los fiscales le dan a la prisión preventiva con la complicidad del arco político tradicional que domina a las fuerzas con representación legislativa, salvo al Frente de Izquierda.
A la falla de origen de la prisión preventiva (está destinada a encerrar a personas sobre las que no se tienen certezas de culpabilidad), en Mendoza se le agrega el tremendo castigo que inflige el Estado a todos sus ciudadanos presos, la mitad sin condena, con las condiciones de violencia extrema imperantes en los centros de detención, con especial ensañamiento en los sitios de encausados (los que no tienen condena, es decir, que sólo son sospechosos).
La prisión preventiva nació para evitar fugas de sospechosos con medios para hacerlo o entorpecimiento de las investigaciones por parte de un imputado mientras dura el proceso en su contra. Pero en la práctica se usa como condena previa, por las dudas de que el proceso confirme los prejuicios de las instancias iniciales de la Justicia. Y si así no fuese, que el inocente privado de la libertad le haga juicio al Estado para recuperar lo irrecuperable. La preventiva tiene consenso, pero no es para todos.
La corporación de abogados penalistas hace negocios con la preventiva, la corporación política hace demagogia con la preventiva y la corporación económica opera para ganar adeptos con el slogan Preventiva para todos los que nos dan miedo. Está establecido tácitamente que la prisión por las dudas no será aplicada a ninguno de estos actores, ya que todos pueden contratar un buen abogado para eludir la preventiva, que al final de la cuentas como está planteado el sistema en Mendoza depende del entender de un fiscal, muchas veces influenciado por un policía y otras por los operadores a los que presta sus orejas.
La preventiva es prenda de negocios con mucho más asiduidad de lo que se cree. La preventiva se escuda en un supuesto -falso- asumido como verdad absoluta por la política y la comunicación: mientras más presos, habrá menos delito. En Mendoza aumentó exponencialmente la cantidad de presos en la última década y media y la cantidad de delitos no dejó de crecer.
Evitar que un inocente esté preso debería ser la prioridad del líder judicial de cualquier procedimiento. No lo entiende así el Procurador Rodolfo González, jefe de los fiscales que mantienen a cientos de sospechosos sin condena privados de la libertad contra los principios legales de la prisión preventiva, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
En cualquier caso, la prisión preventiva es detestable. Implica tener preso a un inocente hasta que se demuestre lo contrario, con el riesgo de que se demuestre que es inocente, como ocurre a menudo en los tribunales de la Provincia con privados de la libertad por las dudas por la misma Justicia.
Casi la mitad de los más de 4.300 presos que tiene Mendoza son sospechosos sin condena. Los que resulten inocentes no se recuperarán más del trauma tumbero causado por un Estado criminal que se autoindulta con un reglamento de aplicación de la prisión preventiva que deja a criterio del acusador cuándo y por cuánto tiempo tiene que ir preso un sospechoso en una proceso penal.
"No es lo que la sociedad está esperando", esgrimió el gobernador Alfredo Cornejo ante un fallo de la Suprema Corte que en la práctica restringe el campo de aplicación de la prisión preventiva. Y puede tener razón en esa estimación el mandatario. Un indicio a favor de esa idea es que hubo voces del peronismo que se sumaron a las críticas radicales contra el fallo que abrió un debate sobre la prisión preventiva.
La postura del Gobierno es contraria a la que reflejó el juez Omar Palermo en los argumentos de la resolución de la Suprema Corte que exaltó a la administración local y a la de Mauricio Macri. Irreconciliable porque Cornejo y Macri consideran la prisión preventiva para evitar las reincidencias cuando el origen de la medida responde sólo a evitar fugas o entorpecimientos en la investigación. En la práctica, los fiscales tienen la potestad de condenar a prisión a los sospechosos que, según ellos, se lo merecen y dejar libres hasta que tengan condena firme a quienes crean. La condena por las dudas puede extenderse por años.
Cornejo acaba de asumir la Gobernación y está en su derecho de pedir participación en la discusión del diseño de un protocolo de aplicación de la prisión preventiva, porque, aunque sea una materia de incumbencia del Poder Judicial afecta al Ejecutivo en áreas a su cargo como el Ministerio de Seguridad. Y tiene también derecho a escudarse en la requisitoria ciudadana a favor de la preventiva para sustentar su postura, que es la misma que sostuvieron todos los gobernadores en los últimos 15 años. Eso no quita que sea criminal que un Estado mantenga a inocentes privados de la libertad y a merced de vejaciones y maltratos irrevocables.
