El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió con el gobernador Alfredo Cornejo a reunir al plenario de jueces del máximo tribunal para transferir las objeciones del mandatario contra un fallo que redefine la operatividad del dictado de la prisión preventiva a los sospechosos. Ese el logro máximo de la promocionada reunión entre las máximas autoridades política y judicial de Mendoza para empezar a negociar una modificación a una sentencia a favor de un Habeas Corpus que reclamó la ilegalidad del procedimiento por el cual se dictó la prisión preventiva a más de 800 imputados sin condena.
El cónclave reunió al Ejecutivo con la parte de la Suprema Corte que no participó del fallo que es cuestionado por la administración de Cornejo bajo la acusación de que condiciona la política de seguridad definida por el representante del soberano y reformula el ordenamiento legislativo en la materia. El fallo fue redactado por el juez Omar Palermo y lleva las firmas de sus pares Julio Gómez, Jorge Nancláres y Alejandro Pérez Hualde.
Con Cornejo estuvieron Llorente, Mario Adaro y Hernán Salvini, es decir la triada de jueces que gambeteó firmar el protocolo sobre prisión preventiva de Palermo. Además, se sentó a la mesa de negociación el procurador Rodolfo González. Con Cornejo fue Montero, los ministros Gianni Venier (Seguridad) y Dalmiro Garay (Gobierno) el presidente de Diputados, Néstor Parés, y el diputado nacional Luis Petri.
La reunión se desarrolló en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde tiene la Suprema Corte su centro de operaciones. Ni Llorente ni Cornejo hicieron consideraciones públicas al término del cónclave. Ni los magistrados que participaron.
Al final, la vicegobernadora Laura Montero salió a dar una conferencia de prensa enojada con los jueces firmantes de la sentencia por su ausencia. La misma fue fundada en una acordada de la Suprema Corte que impide a los magistrado tratar una causa de su incumbencia sin que todas las partes involucradas estén presentes.
En el caso de la sentencia sobre prisión preventiva la única parte involucrada es la querellante (la Asociación Xumek que litigó en nombre del colectivo de presos mal detenidos, según la interpretación que la entidad y la mayoría de la Suprema Corte le dieron a la legislación) y el Ministerio Público, al que se obliga a cambiar la práctica habitual que sostiene sobre la materia en cuestión.
Montero enfatizó en la defensa del "diálogo interinstitucional" y acusó a los jueces que se ausentaron de boicotear esa vía. Y volvió a insistir en sus críticas al protocolo definido por la Suprema Corte: "Toma atribuciones legislativas y va más allá del recurso de amparo pedido", defendió la segunda en la línea de mando provincial.
"Nos llevamos el compromiso de Llorente para transmitir al plenario la visión de Cornejo", dijo Montero en la respuesta más concreta y acercada a la única definición que resultó del encuentro. Y después volvió a rezar el rosario contra el demonio que representa la sentencia por mayoría de la Suprema Corte en el discurso de la administración radical.
