Después de que el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, le prometiera al gobernador Alfredo Cornejo tratar con el plenario del tribunal una modificación a una sentencia que fijó un protocolo de aplicación para la prisión preventiva, se comunicó desde el Poder Judicial que el miércoles fueron convocados el procurador Rodolfo González con sus fiscales y los jueces penales de todas las instancias para "establecer las pautas inherentes a la implementación" del fallo en cuestión.
La sentencia sobre prisión preventiva respondió a un hábeas corpus planteado a favor de un colectivo de unos 800 presos sin condena que están encerrados contra las disposiciones legales vigentes en la Provincia, según la demanda y la respuesta de la Suprema Corte, que fue redactada por el juez Omar Palermo y avalada con los votos de sus pares Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares con los que se conformó la sentencia con mayoría del cuerpo de siete ministros. Llorente, Mario Adaro y Hernán Salvini no firmaron. Los tres participaron de una reunión con el procurador y el gobernador este lunes. Cornejo rechazó la aplicación del protocolo definido en el fallo. Llorente le prometió que trasladaría la inquietud a sus pares firmantes del protocolo cuestionado por la administración radical.
Después de esa reunión, la oficina de Prensa de la Suprema Corte difundió un decreto firmado por Pérez Hualde por el cual se convoca a los jueces y fiscales penales para coordinar la aplicación del ordenamiento definido al conceder un Hábeas Corpus Colectivo patrocinado por la asociación Xumek. Cornejo pretendía que el máximo tribunal diera marcha atrás en la implementación. Su estrategia es agotar las instancias de diálogo antes de ejecutar acciones drásticas. En ese sentido, en la reunión del lunes con Llorente avisó que considera en última instancia plantear un conflicto de poderes, que en la práctica podría implicar darle parte a la Corte Suprema de la Nación como juez del conflicto.
"En cumplimiento del punto 7 de la sentencia de fs. 454/501, convocase al Sr. Procurador General de esta Suprema Corte de Justicia y a los representantes del Ministerio Público Fiscal que él determine, a los señores Jueces de Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mendoza y a los señores Jueces de Garantías y de Instrucciones de la Provincia a audiencia ante esta Suprema Corte de Justicia para el día 30 de diciembre de 2015 a las 9 horas", reza el decreto que firmó Alejandro Pérez Hualde.
El punto 7 de la sentencia contempla: "Convocar al Sr. Procurador de esta Suprema Corte de Justicia, a los señores jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Provincia y a los jueces de garantías y de instrucción a fin de establecer las pautas inherentes a la implementación de la presente resolución".
Informe Explícito: Un protocolo sobre prisión preventiva detonó un conflicto de poderes
