"Alfredo Cornejo le advirtió al presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, que podíamos quedar ante un conflicto de poderes si no funcionaba el diálogo". Laura Montero hizo esta afirmación entre las extensas declaraciones que dio luego de la reunión con el tribunal supremo producida el lunes con resultados amargos para la administración radical, que tiene como objetivo impedir un fallo que reordena la aplicación de la prisión preventiva en el ámbito judicial.
La advertencia del jefe del Gobierno al jefe de la Corte que reveló la segunda en el mando flanqueda por generales del cornejismo fue atenuada en el momento por una acotación del jefe de Diputados, Néstor Parés, quien se apuró a bajar los decibeles: "No estamos pensando en llegar a un conflicto de poderes, confiamos en que se resolverá con diálogo".
Un rato después de ese breve episodio entregado durante la puesta ante la prensa del gobierno para expresar su "decepción" por no haber podido discutir los efectos del fallo en cuestión con los jueces firmantes. En la reunión ocurrida en la sede de la Suprema Corte sólo participaron los tres supremos que no adhirieron a los fundamentos redactados por el juez Omar Palermo. Esto es, Llorente, Mario Adaro y Hernán Salvini. El fallo, que implica un protocolo de aplicación para la prisión preventiva en el ámbito judicial, fue avalado por Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares.
Un conflicto de poderes en términos formales implicaría que actúe la Corte Suprema de la Nación como juez. Cornejo lo ha considerado como última instancia en una pelea que tiene otras variables intermedias de acción para el Ejecutivo. Montero admitió que barajan entre las alternativas intermedias una modificación legislativa del sistema de preventivas para evitar que se aplique el protocolo previsto en el fallo de la Corte a futuro. El ministro de Seguridad, Gianni Venier, deslizó que podrían apelar a la nulidad del fallo por "imposible cumplimiento", aunque ese camino llevaría tiempo.
El fallo con formato de protocolo diseñado por Palermo contempla cambios a la práctica de aplicación de la prisión preventiva. La resolución del máximo tribunal respondió a un Hábeas Corpus Colectivo en el nombre de todos los presos con preventiva basada en parámetros distintos a los previstos por la ley, según consideró la demanda colectiva como la sentencia del Supremo.
En la práctica, el fallo restringe la prisión preventiva al final de un proceso de generalización de esta excepción prevista por la Ley encabezado por el procurador Rodolfo González en yunta con Carlos Ciurca, quien fuera el enlace con el Ministerio Público de los gobiernos de Celso Jaque y de Francisco Pérez, en el que fue vicegobernador.
Informe Explícito: Un protocolo sobre prisión preventiva detonó un conflicto de poderes
