Los rusos dueños la minera San Jorge, que pretende sacar metales de Uspallata, y el Gobierno de San Juan todavía no se juntaron, pero ya operaron la divulgación del mutuo interés por avanzar en la voladura con dinamitas de la Cordillera mendocina para luego procesar los trozos con cianuro Calingasta, a unos 22 kilómetros de Uspallata del lado sanjuanino.

El portal Tiempo de San Juan, bajo el título San Jorge, más cerca que nunca, publicó los detalles de un coqueteo mutuo sin que se haya concretado el acto de compromiso por el momento, aunque asegura que sucederá en pocos días.

De todas formas, el proyecto para concretarse debería pasar los controles ambientales y ser aprobado por la Legislatura de Mendoza, aunque la lixiviación se haga en San Juan. La aprobación legislativa como instancia final antes de que los equipos mineros puedan entrar a modificar el territorio de los metales está prevista en la Ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza.

El formato de producción con dos centros de operaciones -uno en Uspallata para la voladura de la montaña, y otro en Calingasta para la lixiviación-  fue definitivamente adoptado por los rusos de Coro Mining cuando supieron que la Suprema Corte de Mendoza declararía constitucional de punta a punta el articulado de la Ley 7.722, que entre otras cosas prohíbe separa la roca del metal con cianuro y otros químicos, exigencia insalvable para que sean negocio la minería metalífera a gran escala, tal el modelo sanjuanino liderado por el gigante mundial del Oro Barrick Gold.

La movida desdobladora de las actividades para sacar la misma cantidad de cobre incrementa los costos del negocio. Aún con la merma de la rentabilidad que esa circunstancia supone, los capitalistas consideran que hay un negocio para hacer con el cobre que guarda la montaña en Uspallata.

Con ese modelo se produjo el derrame de cianuro y otros químicos en la mina Veladero, en la localidad del norte sanjuanino Iglesias, en setiembre de 2015. Para los supremos mendocinos que convalidaron la constitucionalidad de la ley que prohíbe el cianuro para la minería, ese episodio fue decisivo para la resolución final tomada por unanimidad. En cambio, en San Juan no tuvo ningún efecto estructural el episodio que contaminó el Río Potrerillos, afluente del Jáchal.

El fallo del máximo tribunal mendocino acabó con una larga disputa entre los ambientalistas y los intereses mineros por la legalidad de las prohibiciones en el nombre del ambiente que prevé la 7.722 para la minería. En Mendoza no se puede usar cianuro, lo que equivale a que no se puede completar el proceso minero metalífero según el modelo de producción Barrick Gold.

Capitales rusos compraron Coro Mining a sus dueños ingleses hace un año. En junio, negociaron con el entonces gobernador Francisco Pérez la reactivación de los trámites para alojar los equipos de extracción de cobre en Uspallata. Los grupos rusos Solway Investiment y Aterra Capital son los dueños del 70% de la empresa que pretende sacar cobre de la montaña lasherina.

Rechazo de las asambleas mendocinas

La movida de los rusos de Coro Mining se veía venir. Los ambientalistas mendocinos salieron a pedir medidas contra la reactivación de San Jorge después de conocido el fallo de la Suprema Corte. Lejos de acabar con los planes de los capitales en cuestión por el cobre de Uspallata, lo que hizo la decisión judicial fue terminar de reencauzar la nueva versión del proyecto que genera conflicto social en su corazón: el Valle de Uspallata.

Las Asambleas por el Agua de Mendoza advirtieron sobre el avance “discreto y silencioso” de los lobbystas de la minera San Jorge para que el proyecto avance en Uspallata y pidieron al gobierno de Cornejo se declare protegida toda la Cuenca del Río Mendoza, incluída la subcuenca del Arroyo del Tigre (donde se localiza la mina San Jorge), “que inexplicablemente ha sido incluida (por el IANIGLA) en la Cuenca del Río San Juan, sin fundamentar esta decisión”.