Alfredo Cornejo y Laura Montero anunciaron este lunes que recibieron la gobernación con un desfase presupuestario de 3.363 millones de pesos; un déficit de caja de 2.606 millones de pesos. Por pagar, había sueldos pendientes en el orden de los 1.112 millones de pesos y una deuda no registrada de 1.135 millones de pesos, según registró la auditoría de corte encargada a la Auditoría General de la Nación.
Según la presentación, la deuda no registrada aparece mayormente en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con 425 millones de pesos (99% corresponde a programas de viviendas); el Instituto Provincial de Juegos y Casinos con 380 millones de pesos (premios impagos) y, en menor medida, en Transporte por 125 millones de pesos (atraso en compensaciones tarifarias); la Dirección Provincial de Vialidad con 63 millones de pesos (en su mayoría correspondiente a obras) y Salud con 33 millones de pesos. Según resaltaron, otro caso que llama la atención es la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), con una deuda no registrada que supera levemente los 76 millones de pesos.
“La irresponsabilidad con la que se ha manejado este tema, debemos transformarla en responsabilidad y, por duro que sea, tenemos que trabajar bien para sacar adelante a la provincia”, declaró el gobernador.
“Luego de este informe, esperamos que los organismos que tienen que hacer algo al respecto, se ocupen de ello. El Fiscal de Estado ya tiene este informe y, así, con sobrados argumentos y antecedentes para llevar a la Justicia o para elaborar sumarios administrativos, en caso que lo crea conveniente. Quien tenga que pagar las consecuencias, que lo haga”, remarcó el mandatario.
A su turno, Montero indicó: “Hemos establecido los puntos más importantes a fin de tener precisiones sobre la situación del Estado Provincial, sus organismos y empresas al momento de asumir la gestión y de allí surgieron números e información de tipo cualitativa”.
