Una ONG denunció en la Justicia Criminal a la macrista Laura Alonso por su desempeño al frente de la Oficina Anticorrupción ante la situación del presidente Mauricio Macri en relación a un cargo como director en una firma offshore radicada en Bahamas. El mandatario admitió haber sido designado en el directorio de una sociedad de su familia en Bahamas luego de ser puesto en evidencia por una investigación periodística colectiva originada en millones de documentos robados a un estudio jurídico contable que se encargaba de montar este tipo de sociedades para evadir y lavar.
Alonso antes de abrir una causa para investigar las circunstancias decidió defender a Macri. Salió públicamente a salvar al presidente de cualquier situación anómala sin haber instruido causa alguna. Ante las versiones mediáticas, Alonso salió a aclarar que Macri no tenía acciones ni sueldo ni utilidades en la offshore que lo tenía como director y, por lo tanto, no estaba obligado a declarar la situación ante los organismos nacionales de transparencia.
La denuncia contra Alonso fue firmada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. El caso quedó en manos del juez Claudio Bonadío, quien ha demostrado intereses similares a los del macrismo en los últimos años.
La ONG acusa a la dirigente que proviene del denominado tercer sector (Poder Ciudadano) de cometer los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", delitos que tienen penas que van de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Según el Gobierno, en consonancia con las declaraciones públicas apuradas de Alonso, Macri no incurrió en delito al no declarar que había sido director y vicepresidente de la firma Fleg Trading Ltd, que estuvo activa hasta 2008 y fue presidida por su padre, Franco Macri.
