Tres dirigentes sindicales mendocinos fueron imputados por una fiscal con el pretexto de que cortaron el tránsito en la protesta de los estatales del miércoles pasado contra los despidos y el ajuste que ejecutan el presidente Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo. Roberto Macho, secretario general de ATE, Raquel Blas, histórica dirigente de los estatales, y Federico Lorite, flamante secretario general de SITEA, fueron imputados por la fiscal Cecilia Bignert por el delito de “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”, informó el portal Sitio Andino.
La acción judicial fue impulsada por el gobierno de Cornejo, que decidió ese camino antes de poner en práctica la represión de la protesta prevista en protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, al que adhirió la Provincia. A cargo de la ejecución práctica de la acción contra los dirigentes sindicales estuvo una funcionaria de tercera línea designada como mediadora por el ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien se mantuvo en las sombras mientras se dio la protesta que originó la polémica intervención del Ministerio Público.
Sin que se cambiara ninguna ley, la fiscal Bignert decidió la imputación de los tres dirigentes en una decisión extraordinaria, puesto que habitualmente se cortan calles por distintos motivos sin que esas acciones sean atendidas por el Ministerio Público, que encabeza el procurador Rodolfo González.
El jefe de los fiscales fue apuntado por Cornejo desde que ganó las elecciones, pero luego del cambio de gobierno efectivo, el 10 de diciembre, González se erigió en un aliado clave para el gobernador en una pelea con alta carga de marketing: el mandatario rechazó un fallo de la Suprema Corte a favor de un Hábeas Corpus que condenaba las condiciones de detención de un grupo de presos, que al entender de los jueces supremos fue determinado de forma ilegal. Entonces, González se alineó con el gobierno y con su intervención frenó la aplicación del fallo de la Corte al mismo tiempo que calmó las intenciones iniciales del gobierno de avanzar contra su cargo.
Durante la protesta de los estatales del miércoles, que involucró una marcha desde el Kilómetro Cero hasta la Casa de Gobierno con un acto en calle Peltier, la fiscal Daniela Chaler llegó al palacio gubernamental y tomó contacto con el viceministro de Seguridad, Néstor Majul, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. Al retirarse, la funcionaria de la Procuración le dijo a Explícito que los manifestante delinquieron pero en el momento no tomó medidas contra ninguna persona en particular.
Luego, por impulso del gobierno a través de la designada "mediadora", otra fiscal, Bignert, imputó a los dirigentes de las organizaciones gremiales por la presencia de más de mil personas en la protesta, que se estacionó sobre Peltier, frente a la Casa de Gobierno. No es lo que acostumbran los fiscales que dependen de González si se repasa desde que el funcionario está al frente del Ministerio Público.
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