El fiscal federal Jorge Di Lello dio curso a la contradenuncia formulada la semana pasada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria por la causa de la venta de dólares a futuro y le pidió una serie de medidas al juez Sergio Torres para determinar si su colega Claudio Bonadio y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, cometieron algún tipo de delito.
Se investigará si los denunciados generaron pérdidas para el Estado Nacional por las operatorias de venta de dólar a futuro a raíz de una “mega devaluación” impulsada por la administración macrista.
En ese marco reclamó la citación a prestar declaración testimonial a la exmandataria y al exministro de Economía Axel Kicillof, ambos imputados en la causa que investiga la venta de dólar a futuro y quienes fueran indagados por Bonadío la semana pasada.
En su dictamen, el fiscal federal señaló que Sturzenegger, oportunamente, le había solicitado al juez federal Bonadío -en el marco de la causa que tramita ante su juzgado- le informara si existía “alguna restricción o limitación (...) a la que tuviere que atenerse” ya que debía actuar con la mayor premura para resolver “la actitud a adoptar ante los adquirentes de los contratos a término, en las operaciones realizadas a partir del 15 de octubre de 2015”. Sobre esta consulta, y según surge de la presentación, el magistrado instructor respondió que en las mencionadas actuaciones no se había “dispuesto medida restrictiva alguna (...)”.
Los denunciantes solicitaron que se investigue una posible “administración infiel en perjuicio de la administración pública, al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por parte de quienes participaron y/o encubrieron el episodio típico referido; prevaricato por parte del Juez interviniente (y) tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad”.
En su escrito, el fiscal Di Lello solicitó al juez Sergio Torres diversas medidas de prueba, entre ellas, la nómina completa de las personas físicas y/o jurídicas que vendieron sus tenencias de dólar a futuro, llamó a prestar declaración testimonial a varios funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Nacional, y ex presidentes del Banco Central de la República Argentina.
