El gobierno celebró un revés de la Justicia Civil contra una cautelar para frenar el ítem aula

El Gobierno celebró este viernes un rechazo judicial a la petición de un grupo de docentes para detener la aplicación del ítem aula hasta que se resuelva una denuncia por inconstitucionalidad de la medida introducida por Alfredo Cornejo en la paritaria salarial con los educadores de Mendoza. El ministro Dalmiro Garay salió a los medios con la novedad judicial contraria a una medida cautelar planteada por afiliados al SUTE.

El 8º Juzgado en lo Civil rechazó el dictado de una medida cautelar que suspendiera la aplicación del decreto del ítem aula.

Los docentes denunciantes consideraron que el decreto que fue avalado por una ley de la Legislatura es inconstitucional porque atenta contra los derechos laborales contemplados en la letra de Carta Magna y los tratados internacionales a los que les reconoce el rango de ley fundamental. El ítem aula es un plus monetario condicionado a no tener enfermedades por más de tres días al mes ni tener actividad sindical.

La Justicia le entregó motivos al gobierno para celebrar en un contexto complejo en torno a las paritarias del Estado, condicionadas por los intereses del establishment en que sea ese ámbito el que fije el techo para las discusiones salariales del ámbito privado en la provincia.

Mientras el espanto frente a la política salarial de Cornejo unió a un núcleo ancho y duro del sindicalismo local más activo, el mandatario ha conseguido un apoyo importante en el empresariado y los margenes del sindicalismo, desde donde Juan Carlos Navarro (ATSA) volvió a ser el conciliador con el gobierno de turno y AMPROS se arrimó a la nueva gestión después de ocho años en la trinchera opositora, junto al frente estatal.