El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido quedó procesado este martes, sin prisión preventiva, en la causa que investiga su responsabilidad en la tragedia de Once de 2012, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y otras 789 resultaron heridas.
En la resolución, adoptada por el juez federal Claudio Bonadio, el magistrado entendió que al momento del accidente, De Vido tenía “efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria”, como así también del “sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio”.
“En razón del elevado cargo que ostentaba, existen múltiples elementos que dan cuenta del conocimiento con el que contaba De Vido de la forma deficiente en la cual la empresa TBA prestaba el servicio ferroviario durante su gestión”, consideró Bonadio al argumentar el procesamiento.
En este sentido, sostuvo que “se encuentra probado” que, “pese a las reiteradas alertas” de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Auditoría General de la Nación, tanto De Vido como el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), Jorge Simeonoff, también procesado hoy, “no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones adoptando alguna medida tendiente a encauzar la prestación de un servicio”.
De hecho, aseveró que “tenían pleno conocimiento del deplorable estado del material rodante, como así también de la política empresaria que llevaba adelante la firma TBA”.
No obstante, señaló el magistrado, “no adoptaron ninguna medida tendiente al adecuado mantenimiento de los bienes concesionados a las empresas prestatarias del servicio ferroviario”
“Ya en el 2007, cuando se rescindieron los contratos de concesión de las líneas Roca y Belgrano Sur, en esos expedientes se había hecho una evaluación comparativa con el resto de las líneas, en la cual quedaba de manifiesto el estado en el cual prestaba el servicio TBA S.A.”, advirtió Bonadio.
Con esos argumentos, entre otros, De Vido fue procesado como “coautor” del delito de “descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas", y como “partícipe necesario” del delito de "defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta".
Además de De Vido y Simeonoff, también fue procesada sin prisión preventiva en el marco de este expediente –derivado del juicio oral y público por la tragedia de Once- Silvia Emilse López, ex directiva de TBA.
A su vez, el magistrado ordenó trabar embargos contra los tres procesados hasta alcanzar una suma de 600 millones de pesos, según consta en el fallo, difundido oficialmente este mediodía.
También, en la misma resolución, Bonadio rechazó los planteos de nulidad de sus respectivos llamados a indagatoria que habían sido presentados en el marco del expediente por las defensas de De Vido y de Simeonoff.
En ese contexto, el magistrado convocó a los tres procesados a presentarse personalmente en su juzgado dentro de las próximas 48 horas para notificarse sobre sus procesamientos en la causa abierta tras el veredicto del juicio oral y público por el choque de la formación del ferrocarril Sarmiento contra la cabecera del andén 2 de la estación de Once, ocurrido el 22 de febrero del 2012.
“Podemos concluir que, en la política empresarial del grupo económico, claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer a los miembros del grupo y sus empresas con un total desprecio por la seguridad de los usuarios de las líneas ferroviarias concesionadas, conducta que no puede ser explicada sin la complicidad de los funcionarios públicos encargados del área de transporte”, sostuvo Bonadio al fundar los procesamientos.
En el marco del juicio oral y público por la tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal número 2 condenó el 29 de diciembre pasado al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime –actualmente detenido en la causa que investiga irregularidades en la compra de material ferroviario a España y Portugal- a una pena unificada de seis años de prisión.
En tanto, para Juan Pablo Schiavi, su sucesor en la Secretaría de Transporte y quien estaba a cargo del área en el momento del accidente, el TOF 2 estableció una pena de ocho años de prisión, que aún no tiene cumplimiento efectivo porque no se encuentra firme.
Por su parte, sobre el maquinista Marcos Córdoba recayó una condena a tres años y seis meses de prisión, y sobre Sergio Claudio Cirigliano, uno de los propietarios de TBA, otra a nueve años.
De esta forma, de un total de 28 imputados, fueron condenados 22 mientras otros seis quedaron absueltos.
