La viceministra de Educación de Mendoza, Emma Cunietti, se entusiasmó con la posibilidad de reponer en las bibliotecas escolares de Mendoza los libros prohibidos por la administración del peronista Francisco Pérez a instancias de una fuerte presión mediática. Se trata de historietas, entre las que se destacó El inspector Justo y otras historias, de Sanyú, que fueron proscritas por la gestión pasada por presunto contenido sexual y violento considerado pernicioso para los alumnos por la ex directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, con el peronista Francisco Pérez como gobernador.

La segunda de Jaime Correas en la Dirección General de Escuelas consideró que los libros prohibidos "eran bastante interesantes" y consideró la posibilidad de reponerlos en la bibliotecas si es que siguen disponibles en algún archivo luego de que las anteriores autoridades los mandaran a sacar de las escuelas. También cayeron en la prohibición los libros Slot-Barr, Polenta con pajaritos y Peter Capusotto - El Libro.

La funcionaria tiene experiencia en las aulas de la secundaria y la educación terciaria desde su profesión como docente de Lengua. "Lo que pasa es que son textos que se malinterpretaron en su momento. Al no ser mediados, se veía nada más que el contenido de la imagen pero no del texto y entonces se perdía el sentido", consideró sobre los motivos de la prohibición.

Al ser consultada por el periodista Fabricio Pippi, en el programa Malos Días, de la FM UTN, sobre los libros prohibidos Cunietti se manifestó a favor de la reposición y sin que se lo pidieran asumió el compromiso de encarar un plan para resucitar los textos en el lapso de un mes. Claro que para que la idea se concrete los materiales literarios debieran estar guardados, cosa que se corroborará dentro del lapso que fijó Cunietti para volver a hablar del tema con una respuesta concreta.

Cunietti argumentó a favor de la restitución de los libros prohibidos a las bibliotecas escolares: "No se que pasó con los libros, me parece que los han archivado, pero no se adónde los han llevado. La verdad eran libros interesantes, no eran pertinentes para determinada actividad, pero me parece que una cosa es que estén en la escuela y otra cosa es que eso sea de lectura obligatoria".

La funcionaria consideró a renglón seguido: "Esos textos hubiesen sido interesantes mediados en algunos casos. Sobre todo en la escuela secundaria es una pena que no se tengan dentro de la biblioteca. Lo que pasa es que son textos que se malinterpretaron en su momento, pero la verdad es que, por lo menos los que yo conocí, eran bastante interesantes y es bueno que las bibliotecas escolares tengan algo que sea diverso, complejo, etcétera".

Y de corrido advirtió: "Lo que no puede ser es que esos textos no sean mediados, así como también hay que mediar El Quijote. Si le doy El Quijote a cualquier chico de segundo o tercer año de la escuela secundaria no tiene un contenido de sexo, etcétera, pero tampoco va a entender nada. Todos los textos cuando son mediados se pueden trabajar mucho mejor y se entiende el significado".

La historia de la prohibición

En 2013, unos pocos docentes se escandalizaron ante la presencia en las escuelas de la historieta El inspector Justo y otras historias, de Sanyú (seudónimo de Héctor Sanguiliano). Según el reclamo de los maestros, el material contenía escenas de sexo, violencia y lenguaje inapropiado para menores. Los medios locales y nacionales se subieron rápidamente a la línea de la prohibición.

El Ministerio de Educación de la Nación, entonces encabezado por el kirchnerista Alberto Sileoni, defendió la difusión en las bibliotecas de la secundaria y acusó una operación política por las elecciones legislativas que se avecinaban detrás de la denuncia. La denuncia mediática sobre el envío de los libros luego prohibidos en Mendoza fue responsabilidad de un ex funcionario de la administración provincial del radical Julio Cobos, quien recaló luego en la Dirección de una escuela de Maipú, desde donde encabezó la campaña por la prohibición.

La respuesta inmediata de la DGE ante la repercusión pública del caso fue retirar los libros de inmediato de las bibliotecas escolares. En ese momento, las autoridades provinciales eligieron seguir el camino de la prohibición por más que los enfrentara a las autoridades nacionales, entonces, del mismo signo político.