Opinión: La muerte de animales y el negocio del Ecoparque de Cornejo

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Mariana Caram, ex titular de una ONG, militante del Ecoparque y actual directora del Zoológico.

Por Héctor Fresina
Diputado del FIT

La desidia con la que los funcionarios de Cornejo tratan el colapso del zoológico es alarmante, dicen que la única vía para evitar la muerte de los animales es la aprobación del proyecto de ley de construcción del Ecoparque, que implica el cierre del zoo y el envío de los animales exóticos a "otros lugares", la castración e incluso la eutanasia.

Algunos grupos que dicen defender los derechos de los animales han impulsado este proyecto, pero participan del negocio de granjas privadas y, se sospecha, de cotos de caza. Sobre esto no hay ningún tipo de control. En los últimos meses no han ingresado animales al zoo, lo que es inusual, y se confirmó que varios animales del cerrado zoo de San Rafael, entre ellos un águila en peligro de extinción, fueron a dar a una reserva de la Fundación Cullunche en San Carlos, violando toda la legislación sobre el tema.

La ubicación del zoo mendocino, donde se pretende hacer el ecoparque, es de un valor enorme desde el punto de vista del negocio inmobiliario, no es casual que Cornejo sea el principal impulsor del proyecto. Se trata de un Gobernador que actúa abiertamente a favor de los grandes grupos que controlan el rubro.

En este contexto se ha producido la muerte masiva de animales, y desde el gobierno acusan de "sabotaje" a "los trabajadores sindicalizados".
Pero han sido los trabajadores representados en Ate los que desde hace años vienen denunciando el abandono y desfinanciamiento, que hoy la gestión de "Cambia Mendoza" ha llevado a límites increíbles.

Una primera oleada de animales muertos alertó sobre el proveedor de fardos de pastos, a través de los cuales se habría producido una intoxicación, el gobierno no solo no cambió de proveedor, sino que durante semanas no proveyó de alimento balanceado a los animales.

Tampoco construyó ni amplió los recintos para la adecuada permanencia de distintas especies que ahora frente a las lluvias se encuentran abarrotadas en el barro, lo que impide que se puedan alimentar adecuadamente y se producen muertes por los escasos recursos para sobrevivir. Desde diciembre se encuentra rota la puerta del frigorífico donde se guardan los alimentos perecederos. En los últimos 6 meses han muerto por causas evitables cerca de 70 animales, 6 meses en los que el gobierno con el apoyo del FPV se manejó con decretos y leyes de emergencia, entre ellos un decreto que declara la emergencia en el zoológico y que destina 3 millones "extras" que nadie sabe dónde están.

Las donaciones sin cargo de personas solidarias para mejorar el hábitad han sido rechazas sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades. Los trabajadores denuncian el caso de la donación para la construcción del recinto de la mona "Cecilia", que la Directora decidió suspender con la intención de enviarla a un santuario en Brasil cuestionado por especialistas que afirman que allí se utilizan animales para la experimentación de medicamentos de grandes laboratorios. Un caso similar se dio con el oso "Arturo", con la donación de un purificador de agua que se rechazó durante los meses del verano y recién se aceptó en abril.

La última medida del gobierno ha sido la de impedir el ingreso del público hasta el 30 de mayo y meter adentro del zoo a los grupos pro-ecoparque para provocar a los trabajadores y hacer rituales en el recinto del oso Arturo, y junto a ellos, a veterinarios ligados a las fundaciones privadas impulsoras del ecoparque. El cierre al público no tiene otra función más que la de evitar el control que éste pueda ejercer con su presencia en el lugar.

Los trabajadores están tratando de evitar con sus denuncias que siga esta eutanasia indirecta de animales que está llevando a cabo el gobierno de Cornejo, que con el espejito de colores del ecoparque, y utilizando como mascarón de proa a algunos grupos ambientalistas, está destruyendo al zoológico de Mendoza.

Desde la Legislatura hemos presentado un pedido de informe y exigido la renuncia de los funcionarios implicados en estas muertes.

Repudiamos las acusaciones contra los trabajadores que son los que día a día ponen su empeño, muchas veces sin tener siquiera los elementos de bioseguridad adecuados, y acompañamos sus denuncias y su lucha para que se destinen los recursos presupuestarios necesarios para poner fin a esta masacre de animales.

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