Una inspección de representantes del Ministerio Público a las cárceles de Mendoza cerró con un informe lapidario sobre las condiciones detetención en San Felipe y en Boulogne Sur Mer, sobre los cuales la Procuración apuntó que la situación es "constitutiva del delito de tortura y por la que deben responder los sujetos activos que se encontraban a cargo de la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos”.
Fue después de una visita del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, conjuntamente con el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, quienes tras el recorrido -del que dejaron constancia en un expediente con fotos y actas- y denunciaron penalmente a las autoridades del Complejo Penitenciario I Boulogne Sur Mer y del Complejo Penitenciario II San Felipe, al constatar durante una inspección "las graves condiciones de detención que padece parte de la población penal".
Tras dejar constancia de las condiciones, la Procuraduría interpuso las correspondientes acciones de hábeas corpus, "de tal modo de obtener una urgente reparación a situaciones que “colocan en riesgo la salud de los detenidos”.
Los enviados de la Procuración describieron un panorama dantesco en la ejecución de la pena de quienes purgan su condena por delitos en estos dos complejos: "Celdas de ínfimas proporciones con humedad y una absoluta ausencia de luz (ni natural, ni artificial), conexiones eléctricas precarias, falta de camas y mobiliario, y sin provisión de agua –los internos mencionaron que debían suministrarse a sí mismos un balde de cinco a diez litros que debía alcanzar para los tres días de encierro- forman parte del alarmante cuadro registrado durante la inspección. A los detenidos, no se les provee ningún tipo de elemento de higiene o limpieza, además de no contar con abrigos que permitan mitigar el intenso frío, mientras que la escasa comida provista fue coincidentemente descripta como incomible o de mala calidad".
Ninguna de las personas allí detenidas, apuntaron los expertos, "accede a actividades educativas o laborales, permaneciendo la mayoría hasta 23 horas por día en la celda, sin ningún tipo de atención médica y psicológica, aún en los casos en que se pudo corroborar detenidos con heridas que necesitaban de una atención urgente".
