La fiscalía a cargo de Dante Vega continuó este lunes con los alegatos del Megajuicio con sus argumentos contra los exjueces OtilioRomano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo. En la audiencia destinó parte de su alegato a rebatir el argumento de los "autores desconocidos" que alegaron los exmagistrados en su defensa para explicar sus omisiones de investigación a los crímenes de lesa humanidad y por las cuales se los acusa de cómplices y autores primarios de esas vejaciones.
Romano y Miret han centrado parte de su defensa en que no podían hacerse cargo de la investigación porque desconocían quiénes llevaban a cabo las torturas, los secuestros y demás crímenes de lesa humanidad.
"Los jueces indican leyes, reglamentos, decretos, fallos para argumentar incompetencia. El argumento general ya lo desarmé. El argumento específico de la incompetencia alude a 'autores ignorados', porque 'actúan con máscaras', etc, por lo cual, decían, 'no sabemos si somos competentes'. Pero ellos van a tener que explicarles al tribunal los casos documentales donde la Justicia Federal declaró la competencia", indicó Vega.
No obstante, señaló Vega: "Ellos sabían quiénes eran, porque el Ejército había ordenado los procedimientos. Y uno de los expedientes clave en esto es el expediente de Moriña, un caso donde puede verse que los ex magistrados saben perfectamente quiénes lo tienen detenido".
Luis Moriña tenía 24 años y estudiaba medicina. El 22 de noviembre del ‘75 a las 4 de la mañana ingresaron a su domicilio 14 personas armadas, encapuchadas. Rompieron la puerta, robaron objetos, encerraron en el baño a su hermano y secuestraron a Luis Moriña, quien aún está desaparecido. "Este caso demuestra que si hubiera actuado el Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las herramientas legales que tenían, le hubieran salvado la vida a Moriña", señaló el fiscal.
"Otro expediente es el de José Vera Bustos -agregó Vega-, donde Max Petra como procurador fiscal federal el día 11 de abril de 1978 solicita información sobre su paradero y cita como imputados a funcionarios policiales. Un fiscal federal firmó un dictamen donde se pronuncia sobre la competencia federal".
