"Mendoza tiene la tasa de encarcelamientos más alta de la Argentina y una de las más altas de Latinoamérica". El dato lo aportó el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, quien fue jefe del Servicio Penitenciario durante la gestión peronista.
El magistrado atendió una entrevista de Radio Nacional Mendoza. No gambeteó las responsabilidades de la gestiones pasadas del Gobierno de Mendoza junto a las del actual.
"La situación es muy mala y viene de una acumulación de años", consideró Sarmiento.
El juez entregó estadísticas para entender la situación de Mendoza respecto al resto del país en cuanto a la proporción de la población que se mantiene encarcelada.
"La media de Argentina es de 160 presos cada 100 mil habitantes y Mendoza tiene 240 internos cada 100 mil habitantes", puntualizó Sarmiento enfatizando la gravedad que representa la situación local.
Y luego cuantificó una variable que grafica de forma contundente una de las consecuencias de la política de encarcelamiento masivo que impera en la Provincia: "Hoy están durmiendo en el piso casi 900 personas".
En ese contexto, no cuesta entender la conclusión ofrecida por Sarmiento: "El sistema no cierra. Cualquier control que venga a revisar la situación de las cárceles (mendocinas) encuentra estas circunstancias".
Y el panorama es aún más grave porque "a esto se suman otros problemas: cloacas deficientes, servicio de agua potable deficiente y sistemas eléctricos que ponen en riesgo la vida de los internos y el personal penitenciario", remarcó el juez.
A pesar de que la relación entre habitantes y presos que registra Mendoza es escandalosamente peor que la media nacional, el gobierno de Alfredo Cornejo, el peronismo legislativo y el establishment mediático y empresario no dudan de que debiera ser mayor el número de vecinos mendocinos encerrados en dependencias del Servicio Penitenciario.
Esos sectores no dudan en militar e imponer leyes para aumentar la represión y el número de presos sin condena, como lo resolvieron de común acuerdo al facilitar la promulgación de una ley que amplía las causales para detener a sospechosos de forma preventiva hasta comprobar si son responsables de las acusaciones que motivan las sospechas.
Dicen desde esos sectores que hay en Mendoza una puerta giratoria para liberar presos sin razones, a pesar de lo cual en la provincia la cantidad de presos respecto a la población es 50% mayor que la media nacional.
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