La CTA de los Trabajadores, APyME (Pequeños y Medianos Empresarios) y la ONG Consumidores Libres denunciaron en la Justicia Penal a Ecogas por el delito de "desobediencia".
La presentación se funda en boletas enviadas por la empresa prestadora del servicio de gas natural que violan la disposición de la jueza federal Olga Pura Arraval que le puso un tope del 80% al aumento tarifario del gas en la jurisdicción de su incumbencia.
Los denunciantes consideran que la compañía violó el artículo 239° del Código Penal, que reza: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
La presentación judicial está firmado por las autoridades máximas en Mendoza de las entidades mencionadas. Gustavo Correa, titular de la CTA de los Trabajadores de Mendoza; Enrique Tarditi, presidente de APIME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios); y Eduardo Femenía, de la ONG Consumidores Libres. Los denunciantes son patrocinados por el abogado peronista Martín Sevilla.
