“La policía de Morales estuvo al servicio de Blaquier como estuvo al servicio de Blaquier en el 76 la fuerza represiva”

Share
Tiempo estimado de lectura: 3 minutos

jujuy

La Mesa Coordinadora contra el ajuste y la Represión en Jujuy denunció, tras la represión a los trabajadores en Ledesma y a partir de la detención de Raúl Noro, marido de Milagro Sala; Mirta Guerrero, Gladys Díaz y Mirta Aizama, integrantes de la Tupac Amaru, la profundización de la persecución política en esa provincia.

“Esta mesa coordinadora está muy preocupada por la represión en Ledesma y la detención arbitraria de compañeros de la Tupac. Todo esto es parte de una política provincial y nacional que va en detrimento de los derechos conquistados en estos años”, subrayó Inés Peña, referente de los organismos de Derechos Humanos en Jujuy.

Juan Manuel Esquivel, diputado del Frente Unidos y Organizados, fue el único legislador de la provincia que se movilizó a Ledesma para acompañar a los trabajadores. Denunció que “cerca de 60 trabajadores del ingenio estuvieron 2 horas detenidos, casi secuestrados por las fuerzas policiales de la provincia”. Y agregó: “La policía de Gerardo Morales, y del ministro de Seguridad Ekel Meyer estuvo al servicio de Blaquier como estuvo al servicio de Blaquier en el 76 la fuerza represiva”.

El legislador indicó que la represión sufrida por los trabajadores de Ledesma “se hace en el marco de la persecución política a las organizaciones sociales. Lo que pasa en los barrios hay que mirarlo y salir a investigar: cómo persiguen a todos los trabajadores y a todos los compañeros de las organizaciones sociales. La presencia de la policía tocándote la puerta a cualquier hora de la noche preguntándote cómo te llamas, qué haces, de qué vivís y se van. Diganme si no es persecución al peor estilo de aquellos años”.

Y concluyó respecto a Raúl Noro y las tres integrantes de la Tupac Amaru detenidas: “Nadie puede creer lo que está haciendo este gobierno sólo para amedrentar, sólo para justificar lo que no está haciendo y la cantidad de desocupados que se incrementa día a día: 16 mil cooperativistas sin trabajo, empleados estatales desocupados, esta semana cerró una fábrica de cigarrillos, a fin de año cierra Mina Pirquitas”.

A su turno, el abogado Luis Paz indicó que la “detención de Raúl Noro hay que enmarcarla en la amenaza del ministro Ekel Meyer de privar a Milagro Sala de su libertad de expresión. “Como no pueden trasladarla a una cárcel federal, porque no está permitido por las normas de la prisión preventiva, lo que hacen es detener al comunicador de la Tupac Amaru que es Raúl Noro. Claramente la situación de los trabajadores de Jujuy, de los integrantes de las organizaciones sociales y gremiales de la provincia corre el serio riesgo de ser privados de su libertad porque estamos viviendo en un estado absolutamente autoritario donde no hay garantías constitucionales y donde se violenta permanentemente la libertad de las personas”.

Por su parte, la diputada nacional Silvia Horne señaló que la represión en Ledesma “marca el nivel de impunidad de la policía provincial. Es un conflicto laboral que ha sido reprimido ferozmente”. Y señaló que un grupo de legisladores ha elevado ante la comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional una denuncia respecto al estado policial que se vive en Jujuy. Al terminar su presentación, Horne mencionó el cerco mediático que se vive en la provincia y denunció el escaso tratamiento que se dio en los principales medios a la noticia sobre la represión. En ese marco indicó: “apoyamos a esta Mesa Coordinadora que se está poniendo al frente de todas estas denuncias que lamentablemente no son reflejadas en los medios de comunicación locales. Hay un ocultamiento de estos temas tan graves como la violación de derechos humanos”.

Anabel Yacianci, dirigente de ATE, denunció la falta de independencia del poder judicial en la provincia: “La mesa contra la represión se muestra muy preocupada por la falta de independencia del poder judicial. Denunciamos al fiscal Lello Sanchez como responsable de la persecución hacia la Tupac y toda organización que piense distinto. Lo que está pasando con la Tupac es una grosería judicial que no tiene antecedentes. Los violentos no somos los trabajadores que reclamamos nuestros derechos sino los funcionarios que están haciendo todas las barbaridades que están haciendo”.

Share