"Está previsto convocar las audiencias públicas, las adelantamos de marzo del año que viene a octubre de este año. Tal vez fue un error de comunicación nuestro. Nosotros tenemos que explicar y desarrollar la paciencia al infinito para que el diálogo sea fructífero". De esta manera Mauricio Macri justificó el tarifazo -que desencadenó una montaña de recursos de amparos, protestas, cortes de servicio y millones de usuarios indignados por el impacto de una suba en las boletas de más del 1000% en muchos casos- y aseguró que la ley no exige audiencia pública para este aumento, y que para el próximo, que será para pagarles a las distribuidoras y transportistas de combustibles, s+i se convocará a audiencia pública.
"Las audiencias se hacen cuando uno va a modificar las tarifas de transporte y distribución. La ley dice específicamente que si se modifica sólo el valor del combustible no hay que hacer audiencia, y nosotros modificamos solamente esa parte", detalló el presidente.
Los aumentos de luz y gas fueron ejecutados por el ministro de Energía y accionista de Shell Juan José Aranguren, y, con las boletas ya impresas, muchas de ellas ya abonadas con el ajuste sideral, Macri aseguró que van a llamar a audiencias públicas.
Mientras tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó que "no se ha tomado ninguna decisión respecto a la frecuencia de facturación que se aplicará para regularizar el pago de las facturas de gas por los servicios recibidos hasta la fecha".
El organismo regulador dijo que es "debido a que se aguarda la decisión de la Cámara Federal de La Plata respecto al recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación sobre la facultad de este organismo de establecer los cuadros tarifarios que deberán abonar los clientes por el servicio de gas natural en el territorio nacional".
Con esta declaración, el ENARGAS salió al cruce de versiones periodísticas referidas a una presunta comunicación del Ente a las empresas distribuidoras autorizándolas a emitir una factura cada 20 días hasta normalizar los pagos que se vayan retrasando a la espera de una resolución judicial del tema. "En consecuencia y conforme determine la justicia, el ENARGAS definirá como se realizará la facturación por los servicio de gas", remarcó el organismo.
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