El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi concedió este viernes en la tarde la eximición de prisión a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el marco de la causa por el programa de viviendas "Sueños Compartidos".
Fuentes judiciales precisaron que la medida fue otorgada "bajo caución juratoria", esto es bajo juramento, mientras se define cuándo y dónde se llevará a cabo la indagatoria de la dirigente.
Antes de la concesión de la eximición de prisión, el juez Martínez de Giorgi se reunió con un abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para resolver la situación. Martínez de Giorgi pretendió que la Policía Federal detuviera a la dirigente hasta que comprendió los argumentos de policiales que justificaban la imposibilidad de ejecutar la orden: a la dirigente la rodeó una multitud de seguidores, quienes evitaron que el batallón de efectivos enviados por la ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, se arrimaran a Hebe.
El abogado de Madres de Plaza de Mayo elevó una solicitud para que el trámite de indagatoria se concrete el próximo lunes en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La dirigente no va a decir palabra alguna ante el juez, pues consideró que todo lo que debía aportar en la causa ya está en poder del juez interviniente. Por lo tanto, el trámite consistirá en la firma de un acta. Martínes de Giorgi decidirá luego si la dirigente sigue vinculada con la causa y en qué condición.
Al salir del encuentro con el magistrado, el letrado señaló que existe "predisposición de las partes" para alcanzar un acuerdo en torno a la situación judicial de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
Esa negociación entre el juez y el representante de Bonafini derivó en el levantamiento de la orden de detención que había sido librada el jueves luego de que la referente de derechos humanos no asistiera a la segunda citación del juez en la causa Sueños Compartidos, en la que las Madres presentaron pruebas sobre la responsabilidad de Sergio Schoklender, ex administrador del plan, en el manejo ilegal de fondos que está bajo la lupa judicial.
