Más de cien representantes de todo el país se reunieron este fin de semana en la ex ESMA en las IV Jornadas de abogados y abogadas querellantes, signadas en su agenda de discusión en el avance de los juicios en materia de responsabilidad de empresarios, magistrados y otros civiles en crímenes contra la humanidad y en hacer frente a las estrategias de impunidad de los sectores que atentan contra el proceso de verdad y justicia.
Entre otros puntos que acordaron al cerrar las jornadas, remarcaron "la necesidad de que se declare el estado de emergencia judicial en las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad" ante un gobierno que, consideraron, "niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como “Guerra sucia” y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables".
Por Mendoza, Pablo Salinas encabezó junto a César Sivo un panel que abordó la responsabilidad de civiles no empresarios, como jueces y miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). El juicio a los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo, que se desarrolla en Mendoza y está en la etapa de los alegatos, fue uno de los ejes expuestos.
Este es el documento completo que firmaron los abogados de causas de lesa humanidad de todo el país y fue difundido por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos:
"El Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad se reunieron en las IV Jornadas Nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos el documento que elaboraron y en el cual manifiestan, entre otros puntos, la necesidad de que se declare el estado de emergencia judicial en las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad.
"El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015, niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como “Guerra sucia” y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables.
"En este marco, notamos con enorme preocupación que buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas relacionadas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones en casos en los que existe abundante prueba sobre las responsabilidades de los imputados.
"El proceso de juzgamiento de los responsables de los graves crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar es ejemplo a nivel internacional de la posibilidad de alcanzar justicia por medio de los tribunales nacionales y con las mismas normas y herramientas legales vigentes.
"Para este Colectivo de Abogadxs los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri.
"Cuando el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976, o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a sus casas, busca transformar en olvido, símbolos y espacios conquistados a través de la lucha y el compromiso del Movimiento de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad.
"Nuestra respuesta se suma a la de miles de familiares y víctimas en todo el país: el rechazo a toda acción que atente contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, su denuncia en ámbitos nacionales e internacionales, y el pedido de renuncia a quienes sostengan discursos negacionistas o que reivindiquen la “teoría de los dos demonios” y el Terrorismo de Estado.
"Reafirmamos nuestra decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales, denunciar por todos los medios a nuestro alcance el vaciamiento, desmantelamiento y la desfinanciación de los organismos estatales directamente relacionados con lo que ha sido en estos años política de Estado en la Argentina y a seguir nuestra lucha también en las calles y plazas.
"Porque creemos firmemente en la consigna de Juicio y castigo a todos los culpables que las Madres, las Abuelas y Familiares nos enseñaron, estaremos junto a los Organismos de Derechos Humanos, querellantes, comisiones por la Memoria, sindicatos y organizaciones sociales, en la convocatoria que todos ellos han lanzado para el próximo 12 de septiembre en el Auditorio de la Cámara de Diputados, a fin de pensar de manera colectiva las acciones conjuntas para consolidar y reafirmar nuestra lucha histórica.
"Junto a las reflexiones y debates mantenidos en estas Jornadas, en las que evocamos a los cientos de abogadas y abogados que marcaron el camino en tiempos difíciles, hemos resuelto reclamar a los Poderes Públicos que: La Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado.
"Se declare el Estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa.
"Denunciar en los ámbitos internacionales las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial.
"Solicitar una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
"Finalmente, este Colectivo repudia enérgicamente la persecución política, el hostigamiento, la represión y criminalización de lxs trabajadorxs y militantes populares que el actual gobierno viene desplegando. En particular es de destacar la detención ilegal de Milagro Sala y de diez integrantes de la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, todos ellos presos políticos de los gobiernos de Morales y Macri, y el frustrado intento de arresto de Hebe de Bonafini en Buenos Aires.
"Creemos firmemente que estas prácticas son contrarias al Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costara recuperar".
