El Gobierno, la Justicia y los servicios de inteligencia no pudieron evitar las evidencias del uso particular que se le ha dado al preso Ibar Pérez Corradi, acusado del Triple Crimen de General Rodríguez, vinculado al tráfico de efedrina.
Una pelea entre las juezas María Romilda Servini de Cubría y Sandra Arroyo Salgado con la intervención de operadores cruzados del gobierno y la ex SIDE es el último episodio en la trama hollywoodense sobre la historia del prófugo que negoció entregarse con punteros macristas.
Pérez Corradi tiene causas en Estados Unidos que sustentan un pedido de extradición de la Justicia de ese país. Arroyo Salgado habilitó el traslado al Norte del preso estrella de la ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich.
Servini le contestó por escrito: "Resulta curiosa la preponderancia que pareciera otorgarle la magistrada a las autoridades judiciales extranjeras".
Pérez Corradi, de 38 años, trabajó en el Banco Nación durante seis años y luego se convirtió en financista y empresario farmacéutico. La justicia lo considera uno de los principales proveedores de efedrina. Fue acusado de narcotráfico por haber introducido en los Estados Unidos pastillas de oxicodona , un analgésico derivado del opio, mediante el envío de una encomienda por correo privado. Por esa causa, la justicia norteamericana dictaminó un pedido de extradición.
Está acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, que fue ejecutado por los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Vítor y Marcelo Schillaci.
Arroyo Salgado tiene la causa por la extradición. Servini de Cubría el triple crimen. Bullrich presentó a Pérez Corradi como un testigo calificado que involuraría a Aníbal Fernández en el lugar de autor intelectual de los asesinatos en el marco de la mafia de la efedrina.
Pérez Corradi no aportó nada contundente, en una serie de más de cinco sesiones de indagatoria con Servini de Cubría, quien está embarcada en una investigación que tiene una impresionante presión política para que sea involucrado Fernández con una hipótesis contrapuesta a la que probó una investigación judicial que sustentó una sentencia firme, es decir que resolvió el caso, sin tener nunca ni siquiera imputado al ex jefe de Gabinete.
Arroyo Salgado tiene vínculos con los servicios de inteligencia, que a la vez están vinculados con sus pares extranjeros. El ex SIDE Antonio Jaime Stiuso y sus continuadores en la AFI son afines a los servicios estadounidenses, la DEA, entre ellos. Una cantidad de fuentes con conocimiento de la trama detrás de Pérez Corradi lo ubican como agente de la DEA, condición que le habría permitido mantenerse prófugo en Paraguay.
"En tomo al momento en que la colega escoge adoptar el decisorio que motiva el presente, debo decir que resulta curiosa la preponderancia que pareciera otorgarle la magistrada a las autoridades judiciales extranjeras, a quienes a diferencia de las locales, no le corren plazos procesales para la prescripción de su investigación", sostuvo Servini de Cubría en su escrito en rechazo a la habilitación de la extradición a Pérez Corradi que falló Arroyo Salgado.
"Pero además, a luz de las copias del expediente de extradición remitido, la autoridades Judiciales de los Estados Unidos no han insistido, ni reclamado, la urgente extradición de Perez Corradi que la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro ahora pretende", añadió la jueza.
Además, señaló Servini que "resulta imposible pensar que la dotora Arroyo Salgado desconozca la gravedad de los delitos que se le atribuyen al imputado en estos actuados, por cierto de entidad significativamente mayor que aquel que motivó su pedido de extradición hace 8 años a la fecha".
Agregó: "No necesita esta Magistrada que nadie le enseñe a garantizar los derechos de los justiciables o la manera de llevar adelante complejas investigaciones de narcotráfico y su relación con unos de los más complejos y planeados crímenes múltiples que se registren en nuestro país".
Servini aclaró que si bien "es la Cancillería Argentina quien dispondrá respecto de la entrega provisoria de Ibar Esteban Perez Corradi a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, en caso de estimarlo procedente", considera que esa decisión generaría un "claro entorpecimiento" a la investigación del triple crimen.
"Es mi obligación hacer conocer mi oposición a que ello se autorice a la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación", señaló la jueza, que envió un oficio a la Cancillería.
"No se entiende ni comparte la premura en la entrega provisoria que se pretende", sostuvo Servini.
Y concluyó: "Se debe culminar con la declaración indagatoria del nombrado -quien se encuentra en pleno ejercicio de su derecho de defensa en juicio- y luego de ello resolver su situación procesal, actos para los cuales resulta imprescindible mantener al imputado bajo la jurisdicción de este Juzgado".
