Concluidos los alegatos de las querellas en el Megajuicio de Lesa Humanidad, los defensores de los exjueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo, ex policías y exmilitares por crímenes cometidos en la última dictadura pidieron una prórroga de 10 días hábiles bajo el argumento de tener más tiempo para preparar su alegato". El juicio se lleva adelante desde el 17 de febrero de 2014 y las querellas desplegaron su alegato y acusaciones desde marzo de 2016.
Los delitos por los cuales se acusa a los exmagistrados y exuniformados, incluyen el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas.
El juicio se reanudará el 19 de setiembre con el alegato de Romano, Miret y compañía en respuesta a las acusaciones que los señalan como pieza clave en el despliegue represivo. La acusación, además, incluye la comisión de delitos sexuales después de que el tribunal aceptara la ampliación de la acusación por delitos sexuales para todos los imputados del proceso. La ampliación no es sólo por delitos sexuales: también comprende nuevas acusaciones por privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos, encubrimiento, homicidio, robo y asociación ilícita.
Para los cuatro ex jueces juzgados -eran cinco pero uno de ellos, Gabriel Guzzo, murió al inicio del proceso- los pedidos de pena han sido coincidentes: prisión perpetua.
La estrategia del perseguidos político"
Uno de los argumentos que ya usaron frente al tribunal los acusados es que son "perseguidos políticos", alqgo que las querellas creen que volverán a escuchar en los alegatos.
Jorge Auat, de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, remarcó que es estratégico que los exmagistrados digan que son “perseguidos políticos”: “Cuando dicen que son perseguidos políticos tienen la estrategia de devaluar o banalizar lo que pasó, las víctimas no son relevantes, las víctimas no están en la agenda moral de los imputados”.
“La idea de persecución politica no resiste dos contraargumentos: la nómina de los imputados y el hecho de que estos magistrados en ejercicio hayan pasado por un proceso de remoción como el Jury y el Consejo de la Magistratura, donde hubo unanimidad en su remoción como jueces”, puntualizó a su turno el fiscal Dante Vega.
Otro de los argumentos que se escucharon de boca de los defensores de los exjueces Miret, Romano, Carrizo y Petra es el anacronismo de los juicios de lesa humanidad, concepto que Vega y Auat refutaron en su momento.
“La herida del pasado sigue abierta, por eso estamos aquí, para suturar esa herida -remarcó Auat-. La norma cuando describe la conducta está prohibiéndola, y la tortura está prohibida desde la Asamblea del Año 13. Los tiempos no se analizan sólo cronológicamente, sino históricamente. Esos tiempos del horror siguen llenos de los mismos componente éticos. Por eso se desarticula cualquier intento de argumentación que quiera echar raíces en el anacronismo”.
