Después de encendidas denuncias del Ministerio Público, la asociación Xumek y la Procuraduría de Personas Privadas de la Libertad, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, encabezada por su presidente, James Cavallaro, llegará a Mendoza este viernes.
Cavallaro llega alertado por denuncias e informes lapidarios sobre las condiciones de detención en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer, sobre los cuales la Procuración apuntó que la situación es “constitutiva del delito de tortura y por la que deben responder los sujetos activos que se encontraban a cargo de la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos”.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) interpuso las correspondientes acciones de hábeas corpus, “de tal modo de obtener una urgente reparación a situaciones que “colocan en riesgo la salud de los detenidos”.
Los enviados de la Procuración describieron un panorama dantesco en la ejecución de la pena de quienes purgan su condena por delitos en estos dos complejos: “Celdas de ínfimas proporciones con humedad y una absoluta ausencia de luz (ni natural, ni artificial), conexiones eléctricas precarias, falta de camas y mobiliario, y sin provisión de agua –los internos mencionaron que debían suministrarse a sí mismos un balde de cinco a diez litros que debía alcanzar para los tres días de encierro- forman parte del alarmante cuadro registrado durante la inspección. A los detenidos, no se les provee ningún tipo de elemento de higiene o limpieza, además de no contar con abrigos que permitan mitigar el intenso frío, mientras que la escasa comida provista fue coincidentemente descripta como incomible o de mala calidad”.
Los representantes del MPF indicaron que las condiciones de detención s violan varias de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, aprobadas por Naciones Unidas en diciembre del año pasado. En este sentido, enumeraron violaciones a las reglas 1 y 3 (Principios Fundamentales); 13, 14, 15, 16 y 17 (Alojamiento); 18 (Higiene Personal); 21 (Ropa y cama); 22 (Alimentación); 24 y 25 (Servicios Médicos).
A principios de agosto, el titular del juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mendoza, Sebastián Sarmiento, hizo lugar a una acción de habeas corpus interpuesta en forma conjunta por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y el fiscal general Dante Vega a favor de las personas privadas de la libertad alojadas en el pabellón 18 del Complejo Penitenciario n° I “Boulogne Sur Mer”, que a fines de junio pasado denunciaron condiciones infrahumanas de detención allí, al punto de ser constitutivas del delito de tortura, según dejaron constancia en un expediente tras la visita.
Sobre éstos y otros particulares deberán responder el ministro de Justicia, Dalmiro Garay; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet y la directora de Derechos Humanos, Luz Amanda Faingold. Con todos ellos se reunirán los referentes de la CIDH, pero estos funcionarios no participarán del periplo por la cárcel.
Cavallaro se reunirá el mismo viernes con Lucas Lecour, titular de Xumec; Ignacio Boulin, presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) y Fabricio Imparado, Procurador de las Personas Privadas de la Libertad.
