Ambientalistas mendocinos agrupados en la Asamblea Popular por el Agua retomaron la militancia por la vigencia de a Ley 7722, que impide el uso de cianuro y otros contaminante en la minería, tras el nuevo derrame de cianuro ocurrido en la mina de la Barrick en Veladero, San Juan, que se dio a conocer una semana después de producido y tras una gran presión de los pobladores de Jáchal e Iglesia por información.
"Gracias a nuestra ley 7722 algo así es imposible en Mendoza, pero todavía hay mendocinos que, convocados por la Subsecretaría de Energía y Minería provincial, pretenden 'reformularla' (en criollo: vaciarla de contenido práctico o limitarla a algunos departamentos), y que justo ayer a la tarde se reunieron con ese propósito.
¿Tiene que salirles cianuro puro por la canilla para que renuncien a su angurria de oro?", remarcó el geógrafo Marcelo Giraud, de dicha asamblea.
Los miembros del malogrado "espacio de diálogo" -del que los asambleístas desistieron denunciando mala fe del Gobierno y el lobby minero- en efecto tienen entre los temas pendientes la discusión sobre la situación de esa norma.
"Una vez más denunciamos a Barrick Gold por contaminar nuestras montañas y ríos, por mentir y ocultar información,por poner en riesgo la vida de los jachalleros. Con esto queda demostrado que no hay minería responsable, que no hay forma de controlar nada, que el saqueo mata. Hacemos responsables al gobierno de San Juan, al gobierno Nacional, al juez Oritja y a todos los funcionarios cómplices que protegen los intereses de la minera en contra de sus pueblos", sostuvieron los ambientalistas.
