Tras los alegatos de las querellas en el IV Megajuicio por crímenes de les humanidad, el próximo lunes las defensas de los exjueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo, junto a las de expolicías y exmilitares, comenzarán su estrategia para rebatir a las cientos de víctimas y familiares de víctimas que pasaron frente al tribunal detallando sus vejámenes y omisiones de investigación mientras estuvieron en condiciones de poder al servicio de la dictadura.
La defensa deberá argumentar también por la acusación por delitos sexuales luego de que el tribunal aceptara la ampliación de la acusación para todos los imputados del proceso. La ampliación también comprende nuevas acusaciones por privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos, encubrimiento, homicidio, robo y asociación ilícita.
En sus declaraciones anteriores, los exmagistrados se han autocalificado como "presos políticos" y han apelado a un viejo argumento entre represores y genocidas: desconocer la legitimidad del juicio que se lleva adelante hace más de dos años.
Tanto Jorge Auat, de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad como Dante Vega, ambos integrantes de la Fiscalía que alegó contra los ex jueces, sostuvieron que Romano y Miret señalaron ser “perseguidos políticos” frente al tribunal para deslindarse de los delitos penales que se les endilgan.
“La idea de persecución política no resiste dos contraargumentos: la nómina de los imputados y el hecho de que estos magistrados en ejercicio hayan pasado por un proceso de remoción como el Jury y el Consejo de la Magistratura, donde hubo unanimidad en su remoción como jueces”, puntualizó Vega.
Auat reforzó el concepto: “Tiene contenido estratégico decir que son perseguidos políticos. Apuntan a la devaluación conceptual que tiene la política y por otro correr el eje como que este proceso no es una investigacion penal, sino política. Quiero recordar que en Europa el negacionismo es un delito. Aquí hay una actitud de negación, las victimas no están en la agenda moral del imputado”.
Los hábeas corpus que Romano admite haber rechazado
Las querellas presentaron al tribunal decenas de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo estatal a quienes los exjueces les rechazaron las presentaciones de hábeas corpus sin siquiera iniciar una pesquisa. De haber seguido otro camino e interesarse como funcionarios federales en el destino de los presos políticos, alegaron los fiscales, "se hubieran salvado muchas vidas".
Romano no rechaza esta acusación, más bien la confirma, pero se escuda: "Efectivamente, nos informaban que no estaban detenidos y rechazábamos los hábeas corpus", dijo en una entrevista desde su casa en prisión domiciliaria en julio pasado.
"No encarcelé a los militares, pero cualquier persona sabe que los militares no estaban sometidos a la justicia civil, sino a la justicia militar, yo no podía hacer nada", sostiene Romano en la citada entrevista.
Y agrega: "Yo en esa época era fiscal. Yo acusé a todos los terroristas que actuaron en Mendoza en aquella época, acusé a los terroristas si había pruebas y si no había pruebas pedí el sobreseimiento. Funcionaba la Justicia. Para que comprenda cómo funciona esta justicia de la democracia, que yo la llamo justicia de la vergüenza o farsante, esta justicia tiene 91% de los casos con condena, y nosotros, de la gente que fue juzgada tenemos el 42% de casos con condena".
Las nietas recuperadas
Entre los expedientes por los cuales las querellas acusaron a los cuatro exjueces como cómplices y ejecutores de delitos de lesa humanidad están los casos de omisión de investigar los destinos de los familiares de las dos nietas recuperadas en Mendoza: Celina Manrique Terrera y Claudia Domínguez.
Celina Manrique Terrera es la nieta recuperada 86. En ésta se acusa a Otilio Romano por archivar el 21 de diciembre de 1987 la causa de apropiación de la beba por los delitos de secuestro, apropiación y sustitución de la identidad. También están acusados expolicías y exmilitares que intervinieron en la operación.
En el caso de Claudia, la nieta recuperada 117, hubo presentación de hábeas corpus de las familias Dominguez y de los Castro. El juez Miret, acusó el MEDH, acumuló los expedientes advirtiendo que se trata de un “desgaste jurisdiccional inútil”, porque las familias del matrimonio habían presentado los HC por separado. El tono del escrito, señaló Pablo Salinas, abogado del MEDH, evidencia molestia y desagrado por lo que debía enfrentar: las personas desaparecidas eran un mero expediente, “un número y nada más”.
Archivo Explícito: Alegato por la apropiación de identidad de Claudia Domínguez Castro
Refutación del anacronismo
Tanto Otilio Romano como Luis Miret, al momento de ejercitar su defensa frente al tribunal, hicieron uso del concepto de anacronismo de los juicios de lesa humanidad, concepto que Vega y Auat refutaron en este audiencia.
“La herida del pasado sigue abierta, por eso estamos aquí, para suturar esa herida -remarcó Auat-. La norma cuando describe la conducta está prohibiéndola, y la tortura está prohibida desde la Asamblea del Año 13. Los tiempos no se analizan sólo cronológicamente, sino históricamente. Esos tiempos del horror siguen llenos de los mismos componente éticos. Por eso se desarticula cualquier intento de argumentación que quiera echar raíces en el anacronismo”.
