Un abogado y activista ambiental consideró que "la Corte es garante de la impunidad de la Barrick"

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Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a Pino Solanas han encabezado una cruzada ambientalista contra la megaminería.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, consideró que la Corte Suprema "garantiza la impunidad" de la minera Barrick Gold, operadora de Veladero, en San Juan, adonde en un año se produjeron dos derrames de líquidos con cianuro y otros tóxicos.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una de las garantes de la impunidad de Barrick", manifestó Viale luego de conocerse que el 8 de setiembre pasado se produjo el segundo derrame de tóxicos en un año en la mina del Noroeste de San Juan.

En 2015, más de un millón de litros de la solución contaminante que se utiliza para separar la roca del oro guardado por la Cordillera de los Andes se mezclaron con el agua de cinco ríos montañosos de la provincia vecina.

El abogado y activista ambiental hizo esa grave acusación en función de la decisión del tribunal presidido por el rafaelino Ricardo Lorenzetti en el marco de la investigación del derrame de agua con cianuro ocurrido entre el 12 y 13 de setiembre del año pasado. Ese hecho motivó la apertura de dos causas: una en la Justicia Penal de San Juan y otra en ese fuero de la Justicia Federal.

La primera causa quedó a cargo del juez de Jáchal, Pablo Oritja, mientras la segunda fue instruida por el juez Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Casanello.

“La causa avanzaba rápido, incluso Casanello estaba por decidir sobre el cierre de la mina, pero intervino la Corte Suprema, mandó la causa a la complaciente justicia de San Juan y así garantizó la impunidad de Barrick Gold”, acusó Viale en sintonía con el vecino de Jáchal Saúl Zeballos, de la Asamblea antiminera de la localidad lindante con Iglesia, el departamento que contiene a Veladero.

“La causa está durmiendo desde que volvió a la provincia”, aseguró Zeballos. Oritja procesó a nueve empleados de la Barrick de alto rango, pero no avanzó contra las operaciones de la minera ni contra los jerarcas máximos para Latinoamérica que son quienes deciden la modalidad de operación en definitiva.

Los procesados son Leandro Poblete, jefe de Procesos, Segundo Álvarez subjefe de Procesos, Carlos Cabanillas, gerente de Minas, Ángel Escudero, gerente de Prevención de Riesgos, Osvaldo Brocca, supervisor de Servicios Técnicos, David Sánchez, supervisor de Mantenimient, Ricardo Cortéz, supervisor de Medio Ambiente, Walter Pizarro, Gerente de Procesos y Antonio Adames, gerente General.

La investigación judicial no ha demostrado por qué se produjo el derrame de más de un millón de litros de líquidos tóxicos directamente al río Potrerillos, para luego mezclarse con el corriente de otros cuatros ríos en la pendiente de la Cordillera. No obstante, los lugareños consideran que el origen del derrame fue la sobre producción en la planta de la Barrick, una compañía que pretendía explotar una mina con metales a ambos lados de la montaña (Lama, en San Juan, y Pascua, en Chile- y se vio frustrada porque la Justicia de Chile consideró que el plan de operaciones ponía en riesgo al ambiente.

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