El diario La Nación aseguró que el macrismo reculó con el juicio político a la procuradora Alejandra Gils Carbó después de comprobar que el kirchnerista arrepentido Miguel Pichetto y los peronistas que lo mandan no responderían favorablemente a la avanzada que pretende la socia de Mauricio Macri, Elisa Carrió. Insistirá en la estrategia para echarla con una Ley para lo cual necesitará un acuerdo político con la Corte Suprema.
Desde las asociaciones de funcionarios judiciales y ONGs del sector hasta Carrió avisaron que el plan del gobierno es inconstitucional, pero la Corte puede opinar lo contrario.
Después de que se cayera el tratamiento de un proyecto para sacar a la procuradora mediante una ley, el macrismo había alentado la posibilidad de seguir la presión de Carrió para ir a un juicio político contra la funcionaria judicial, pero de inmediato se desinfló esa operación debido a que Cambiemos no tiene chances en las Cámaras de resolver una destitución constitucionalmente sin los votos del peronismo pichettista.
La alternativa es cambiar la Ley del Ministerio Público con un texto pensado para echar a la jefa de los fiscales, para lo cual el macrismo tendría que acordar con Corte una mirada hacia otro lado al momento de analizar la constitucionalidad de la norma, que no pasa ni el filtro de la diputada Carrió.
La Nación consignó que el oficialismo por ahora no convocó a la Comisión de Juicio Político de Diputados. El presidente de ese cuerpo, el macrista Álvaro González, reconoció que "no hay voluntad política" en la Cámara baja de avanzar con ese proceso. "La voluntad de Carrió no está expresada en el resto. Hoy no hay voluntad política de avanzar", dijo al portal El Parlamentario. Sabe que una convocatoria depende de una decisión de la Casa Rosada que aún no se produjo.
Gils Carbó tiene entre sus enemigos principales al líder del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien presiona a Macri por la cabeza de la jefa de los fiscales. Gils Carbó entró la lista negra del Cráneo del poderoso grupo cuando rechazó la fusión de Multicanal y Cablevisión, clave para los negocios de Clarín, que pactó Magnetto con Néstor Kirchner, quien firmó el decreto que habilitó la fusión.
El ministro de Justicia Germán Garavano amenazó a Gils Carbó con someterla a "una carnicería" en caso de que no presentara la renuncia al cargo. Macri puso dos jueces en la Corte, uno dictado desde las oficinas del Grupo Clarín, Carlos Rosenkrantz. Para la procuración el macrismo de Laura Alonso y Patricia Bullrich con simpatía del multimedios de la trompeta empujan al fiscal José María Campagnmoli, aliado del Pro desde el principio de la pelea con el kirchnerismo.
